Arranca el juicio de la operación ’Hiena’ con seis acusados por narcotráfico

La Audiencia Provincial de Almería acoge desde este miércoles el juicio contra seis hombres que fueron detenidos en la operación 'Hiena' contra el narcotráfico entre los que se sitúa un exagente de Policía Nacional J.J.B.G. y el encargado de un depósito judicial de vehículos identificado como S.R.S., al que la Fiscalía atribuye la idealización y coordinación de la trama por la que se intervinieron más de 3.500 kilos de hachís.

En concreto, según la calificación provisional, el Ministerio Público pide para el presunto 'cabecilla' un total de 16 años y medio de prisión por los delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, tenencia de armas prohibidas y un delito de cohecho a tenor de los hechos por los que supuestamente organizó el envío y custodia de 124 fardos de hachís desde Marruecos a partir de los datos que le facilitaron sus colaboradores.

En este sentido, la Fiscalía apunta el papel del policía, para quien pide once años de prisión por cohecho y delito contra la salud pública, quien pese a prestar servicio por entonces en el Aeropuerto de Almería, era "perfecto conocedor" de los operativos tendentes a la represión del tráfico de drogas, ya que había sido anteriormente miembro de la Udyco de Almería.

Así, bajo una plantificación previa a los últimos días de abril de 2012 y a cambio de una cantidad de dinero no determinada, el agente habría pactado con el principal acusado dar cobertura de seguridad al transporte del estupefaciente, puesto que además de conocer la unidad policial, también conocía los vehículos en los que se movía, a los miembros del EDOA de la Guardia Civil y a los componentes de Vigilancia Aduanera, con los que había trabajado en varias ocasiones.

Tanto el policía como el responsable del depósito judicial aprovecharon sus relaciones personales en el ámbito en el que se movían, de forma que S.R.S. se sirvió de sus amistades en el ámbito de la Administración de Justicia y de su experiencia profesional para tener información sobre cómo se movían las unidades policiales y sus mandos.

La fiscalía le atribuye el diseño de la red de contactos para conseguir un barco en el que transportar la droga, recibir la mercancía, abonar las cantidades pactadas con los partícipes de los hechos y conducir el estupefaciente hasta el polígono industrial La Juaida, de Viator donde había alquilado dos naves para su custodia. Igualmente, se le acusa de poseer y proveer de armas a los miembros del grupo encargados de la vigilancia.

Tiroteo a siete agentes 
Entre los acusados se encuentran también dos empleados del depósito, M.E. y J.G., quienes presuntamente se encargaron de custodiar y transportar la droga. Para J.G. la Fiscalía pide un total de 49 años de prisión acusado de hasta siete delitos de homicidio en grado de tentativa, entre otros delitos, acusado de cargar con una pistola y gran cantidad de municipio durante casi una hora con el grupo de agentes que intervinieron en la operación tras descubrir el cargamento en un vehículo oculto en una nave industrial.

El intenso tiroteo se produjo un día después de haber descargado la droga y haberla conducido hasta el polígono industrial, cuando la Policía intervino a M.E. que abandonaba el recinto llevando en su coche dos fardos de hachís. Ante esta evidencia, se decidió actuar y abordar la nave donde se había ocultado la carga tras varios cambios de lugar dentro del mismo polígono, donde se habían alquilado varios espacios.

Así, cuando los agentes penetraron en el inmueble donde solo estaba el camión, que también se había alquilado a través de un tercero, J.G. "con notorio desprecio al principio de autoridad" comenzó a disparar contra ellos a una corta distancia desde la cabina del vehículo aunque no consiguió alcanzar a ninguno de ellos.

Ya que el acusado "no dejaba de disparar" mientras llamaba hasta en 17 ocasiones al ´cabecilla´ de la trama, fue necesario pedir refuerzos de unidades especiales de intervención, quienes lanzaron gases para provocar la salida del procesado. Aún así, el mismo trató de huir mientras encañonaba a los agentes, quienes se vieron obligados a dispararles en una pierna para que cayera al suelo y desarmarlo.

Junto a estos siente acusados, la fiscalía también interesa seis años de prisión por un delito contra la salud pública para J.L.G., quien según la acusación ayudó a descargar la droga, procurarse un camión para transportar la droga y alquilar una de las naves industriales para su acopio; y para J.M.G.R., patrón del pesquero empleado para el transporte.

La fiscalía solicita también para el dueño del depósito judicial una multa de 15 millones de euros, la misma cantidad que se requiere también como multa al expolicía, para quien se solicita su inhabilitación durante diez años en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y una multa de 15 meses a razón de 18 euros diarios por un delito de revelación de información reservada.