La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, cuestiona el sistema de atención a los menores extranjeros rescatados en pateras en el Mar de Alborán. El informe anual de la institución, presentado este martes, denuncia “irregularidades en las pruebas radiológicas” para la determinación de la edad de los jóvenes y destaca la violación de los derechos de algunos menas (menores no acompañados).
El problema radica esencialmente en las dificultades para concretar la edad de los adolescentes de las pateras. La ley establece que los menores pasan directamente a los sistemas de protección de la Junta de Andalucía, mientras los mayores de 18 años se trasladan a un centro de internamiento de extranjeros (CIEs) para su expulsión del país.
Ahora bien, a menudo los agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional dudan sobre la auténtica edad de los inmigrantes. O presentan documentos de identidad poco fiables o manifiestan ser menores sin ninguna prueba.
En estos casos, los agentes llevan a los jóvenes hasta Torrecárdenas para la realización de unas pruebas oseométricas que determinan la edad a través de la medición de los huesos de la muñeca. Sin embargo, las conclusiones no son exactas y los conflictos legales se multiplican, como demuestra la abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esta materia. En este contexto, Soledad Becerril vuelve a plantear sus inconvenientes al sistema, habla de “irregularidades” en las pruebas médicas e identifica fallos en los procedimientos.
Un ejemplo es la respuesta ofrecida por la Fiscalía General del Estado sobre las consultas elevadas por la Defensora del Pueblo. Afirma que los expedientes de expulsión se concretaron sin la autorización del fiscal. “El citado organismo comunicó que los procedimientos de expulsión incoados en Almería se resolvieron sin que el fiscal dictase el correspondiente decreto determinando provisionalmente la edad de los interesados, debido a que la expedición de dichos decretos demora uno o varios días”. Más aún, Becerril explica que “los policías actuantes, una vez recibidas las pruebas médicas que arrojan la mayoría de edad, incoan procedimiento de devolución y solicitan al órgano judicial el internamiento”.
El informe anual revela que la Fiscalía de Almería corrigió estos problemas. “Dispuso que sea el fiscal de guardia que interviene en la comparecencia de internamiento el que dicte el decreto y lo aporte ante dicho órgano judicial, para que se valore la mayoría o minoría de edad”.
No obstante, cita otras “irregularidades” en el procedimiento. “Los informes radiológicos realizados no recogían la horquilla de edades entre las que deberían estar comprendidos los examinados, ni informaban sobre el posible error en la estimación; así como que en ninguno de los procedimientos constaba intervención de médico forense, sometiendo a los interesados a anamnesis dirigida y a reconocimiento médico, evaluando todas las pruebas en conjunto y emitiendo el oportuno informe”, expone la memoria 2016.
Un mes en un CIE
En este sentido, la Defensora del Pueblo presenta el caso de un joven afectado por estos problemas vinculados a la determinación de la edad. Tiene origen argelino y llegó al CIE de Valencia tras desembarcar en el Puerto de Almería en una operación de rescate a una patera en Alborán.
Aunque su letrado “aportó documentación original argelina acreditativa de la minoría de edad”, el fiscal (ya en Valencia) consideró las pruebas médicas realizadas en Almería que le situaban en los 19 años (con un margen de error de seis meses). El menor pasó un mes en CIE para adultos hasta que la Consulado de Argelia en Alicante avaló la autenticidad de sus documentos.
Asimismo, Soledad Becerril alerta de la “preocupante presencia de niñas, potenciales víctimas de trata, en los centros de internamiento que han sido incorrectamente consideradas como adultas en Motril y en Almería”. “Pone de manifiesto la necesidad de revisar con urgencia el procedimiento de determinación de la edad”.
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