Juzgan a una red de narcotráfico dirigida desde la cárcel y que tenía apoyo de un guardia civil

La Audiencia Provincial va a enjuiciar a un red de narcotráfico integrada por nueve personas acusadas de intentar alijar más de dos toneladas de hachís en febrero de 2011 en el litoral de Adra (Almería), para lo que contaron presuntamente con la colaboración de un agente de la Guardia Civil que les habría facilitado "información precisa" sobre el funcionamiento del SIVE, la forma de actuación y los turnos de guardia de las unidades encargadas de la represión del narcotráfico.

El cabecilla de la red, J.R.C., conocido por el alias de 'Pepe el del brillante', habría organizado la operación desde el centro penitenciario de El Acebuche, donde se encontraba cumpliendo condena por un delito contra la salud pública, con el apoyo desde fuera de un tercer acusado, J.T.L.R., "cuya ayuda permanente necesitaba para la exteriorización de todos sus propósitos delictivos".

El fiscal interesa en su escrito de acusación provisional, al que tuvo acceso Europa Press, penas de 13 años de prisión para el líder del grupo y su lugarteniente, E.G.G., por presuntos delitos contra la salud pública con la agravante de reincidencia, y cohecho mientras que para J.T.L.R. pide cinco años y seis meses de cárcel por el primero de los delitos.

En el caso del agente de la Guardia Civil, J.S.S., solicita que se le imponga la pena de diez años de cárcel como presunto autor de un delito contra la salud pública y otro de cohecho, al margen de una multa de 15 meses a razón de 18 euros al día por un delito de revelación del información reservada.

Según relata el Ministerio Público, los tres primeros acusados, en verano de 2010, planificaron presuntamente como miembros de "entramado delictivo" la introducción en España procedente de Marruecos de un cargamento de hachís mediante el uso de barcos de recreo, pesqueros o lanchas rápidas para su posterior traslado a Europa en camiones de gran tonelaje.

Así, J.R.C. y E.G.G. habrían organizado la infraestructura personal y material, se habrían encargado de pagar y recibir la ilícita mercancía, de disponer de lo necesario para su transporte hasta el lugar de depósito, de procurar los medios para custodiarla hasta su comercializacion y de abonar las cantidades de dinero pactadas a transportistas y descargadores.

Para esto, necesitaron supuestamente el "apoyo permanente" de J.T.L.R., quien se desplazaba al centro penitenciario de El Acebuche "fuera de horas de visita y a diario prácticamente para entrevistarse con 'Pepe el del brillante', "llegando incluso a viajar a Melilla y desde allí a Nador y a Tánger para negociar directamente con los proveedores de la sustancia por encargo del cabecilla de la red.

En este punto, actuaría el acusado J.M.M., "plenamente integrado en el entramado delictivo" y encargado, según el fiscal, de la preparación de la infraestructura personal y de medios materiales necesaria para el transporte de la droga hasta el litoral almeriense, donde "debería ser descargada por las personas que él debía reclutar para la organización". Él se enfrenta a una petición fiscal de cinco años y seis meses de prisión como supuesto autor de un delito contra la salud pública.

En este escalafón, el escrito sitúa a J.M.V.T., "encargado de la aportación del barco y del medio de transporte terrestre", por lo que el Ministerio Público pide para él seis años de cárcel, y por debajo a B.J.C.H., J.B.S., J.S.L. y J.A.M.F. como los encargados de descargar y cargar la droga, así como de la cobertura de seguridad. Para ellos interesa cuatro años y nueve meses de cárcel.

J.M.V.T., al margen de la pena privativa de libertad, también se enfrenta al pago de una multa de 3.600 euros por un delito contra la administración de Justicia ya que presuntamente, cuando se abortó el alijo, y siendo conocedor de que se había decomisado por la Guardia Civil su barco y su automóvil, compareció en el cuartel para denunciar "falazmente la supuesta sustracción de la embarcación y del coche, simulando en ambos casos ser víctima de infracción penal con el único y exclusivo propósito de eludir las correspondientes responsabilidades penales". Sobre la implicación del agente de la Guardia Civil, el Ministerio Público detalla en su escrito que el cabecilla de la red, "siguiendo las indicaciones de otros miembros", decidió contactar con uno para que, "incumpliendo los deberes inherentes a su cargo", les facilitase información "precisa sobre el funcionamiento del SIVE, la forma de actuación y turnos de guardia de las unidades encargadas de la represión del narcotráfico y de la vigilancia de las costas por donde se iba a introducir la droga, así como todas aquellas otras circunstancias relevantes para evitar la incautación del alijo".

"Así lo hizo como se comprometió, a cambio de un concreta cantidad de dinero no concretada", remacha el fiscal, quien asegura que contó con el apoyo "de otros miembros de la Benemérita que no han podido ser identificados en el curso de la investigación".

Por este motivo, interesa, al margen de las penas privativas de libertad, la inhabilitación especial para el empleo público de agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por un periodo de 14 años.

El alijo, de 2061,61 kilos de hachís distribuidos en 71 fardos, fue interceptado cuando se procedía a la descarga el 5 de febrero de 2011, a las 19,15 horas en la zona costera conocida como la Boca del Río, en el término municipal de Adra. La sustancia decomisada habría alcanzado en el mercado negro un valor de más de tres millones de euros, por lo que los principales acusados se enfrentan a multas de nueve millones de euros.