El silencio de un millón de alarmas

En la gran pantalla, el ladrón salta el muro perimetral embutido en un traje ajustado de color negro, corta una sección circular del cristal de una ventana e inutiliza con un spray las cámaras de seguridad, grandes y perfectamente identificadas en las esquinas de cada habitación.

Entonces se coloca un estetoscopio y, cuando el mecanismo de la caja fuerte hace crack, las alarmas comienzan a sonar escandalosamente, la casa se cubre de haces de luces rojas y azules intermitentes y los agentes aporrean las puertas apoyados por el potente foco de un helicóptero.

Lejos de estas ‘licencias cinematográficas’, los sistemas de seguridad privada son actualmente más discretos y sofisticados y, en cierto sentido, también más lentos en su relación con los despliegues policiales en la zona.

Según estadísticas oficiales del Ministerio del Interior, en la provincia de Almería existen 30.000 alarmas registradas, unas 2.000 instalaciones más que en el año 2015.

Están administradas por las empresas de seguridad privada habilitadas por la normativa y son un complemento muy valorado a la seguridad pública. Tienen un efecto disuasorio y, en ocasiones, sirven para dar caza a los delincuentes, no por su sonido atronador sino por su capacidad para localizar una amenaza y comunicarla silenciosamente.

El año pasado la Policía Nacional y la Guardia Civil recibieron 2.500 avisos de los centros de gestión de alarmas en la provincia de Almería. Son los casos verificados, es decir, aquellos identificados como un peligro real (o potencial) para propiedades y ciudadanos.

Sin embargo, dibujan solo la punta del iceberg de una actividad amplísima preventiva. Durante el ejercicio 2016 las ‘falsas alarmas’ elevaron la cifra hasta casi un millón de alertas en la provincia (936.682 saltos). En la comunidad autónoma se superaron los 11,4 millones de saltos detectados.

Centrales de gestión
En Almería trabajan actualmente vigilantes de 15 empresas de seguridad privada acreditadas, 11 con delegaciones propias en la provincia, según datos facilitados por la Policía Nacional durante los actos conmemorativos del colectivo celebrados en la capital a principios del mes de junio.

Estas mercantiles disponen de centrales de alarmas para gestionar cualquier amenaza y, en su caso, transmitirla a las salas de comisarías y cuarteles.

“Los servicios de gestión de alarmas, a cargo de operadores de seguridad, consistirán en la recepción, verificación no personal y, en su caso, transmisión de las señales de alarma, relativas a la seguridad y protección de personas y bienes a las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes”, señala la ley que regular el sector desde 2014.

Según datos estatales facilitados por el Ministerio del Interior, las empresas son el grupo que aglutina mayor número de alarmas instaladas, aproximadamente el doble de las colocadas en domicilios particulares (un sector creciente).

Salones de juegos, farmacias, joyerías y estaciones de servicio acumulan el grueso de resto de sistemas de seguridad privados que, además, se someten a las inspecciones de la Policía Nacional, con competencias en la materia.