Algo más de un centenar de personas, la mayor parte de ellas mujeres pero también numerosos hombres, han reclamado esta mañana al Tribunal Constitucional que anule la orden contra Juana Rivas dictada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, que la investiga por un presunto delito de desobediencia contra la autoridad judicial y otro de retención ilícita de menores.
Rivas está en busca y captura desde el pasado 8 de agosto, cuando desapareció con sus dos hijos para no tener que entregárselos a su ex pareja y padre de los niños, Francesco Arcuri. Por este último delito podría ser condenada a hasta cuatro años de cárcel y a la inhabilitación para ejercer la patria potestad durante un periodo de hasta diez años.
La protesta, organizada por la Plataforma Acción Feminista en apoyo al movimiento “Juana está en mi casa”, ha tenido lugar ante las puertas de la Ciudad de la Justicia y ha secundado las que han tenido lugar en la mayor parte de las ciudades españolas. “Pedimos que se cambien las leyes cuanto antes para evitar situaciones injustas, que a los maltratadores no se les permita compartir la custodia y que solo vean a los hijos cuando se den las medidas de seguridad necesarias”, ha señalado Pepa López, portavoz de la Plataforma.
El movimiento de apoyo a Juana Rivas ha reclamado el amparo del Alto Tribunal para suspender la orden de búsqueda en “interés de los menores”. “Es lo que estamos pidiendo hoy aquí, que el Constitucional la ampare y se la deje de buscar como si fuera una delincuente. Lo único que está haciendo es poner a salvo a sus hijos de un maltratador. No hay que olvidar que hay una gran diferencia entre Francesco y Juana: ella es una mujer que está protegiendo a sus hijos y él un hombre condenado por maltrato”, ha aseverado López.
Sentencias en contra
Además de la orden dictada por un tribunal italiano, otras dos sentencias del Juzgado de Primera Instancia y de la Audiencia provincial de Granada, dan la razón al padre y ordenan la “devolución” inmediata de los dos menores a su progenitor. “Una cosa son las leyes y la justicia es otra. Lo que estamos pidiendo es justicia, que cambien las leyes y sirvan para proteger realmente a las mujeres y a los menores de los maltratadores”, ha apuntado la portavoz de la Plataforma Acción Feminista.
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