El bloqueo de las ayudas mantiene en vilo a 26.000 parados de larga duración en Almería

Las dudas sobre la continuidad del programa de ayuda a parados de larga duración mantiene en vilo a miles de familias almerienses. Una sentencia del Tribunal Constitucional del 20 de julio sobre las competencias en la gestión bloquea el denominado Plan Prepara (Programa de Recualificación Profesional) desde mediados del mes de agosto y siembra la incertidumbre para desempleados sin prestaciones y, a menudo, con cargas familiares.

El plan ofrece ayudas de hasta 457 euros mensuales a “desempleados, que habiendo agotado y no teniendo derecho a prestaciones o subsidios, presenten cargas familiares o sean parados de larga duración”, según precisa el Servicio Empleo Público Estatal (SEPE). Es, por tanto, un mecanismo de protección social para colectivos vulnerables.

El sistema preveía la prórroga automática el 15 de agosto, pero dos factores interrumpen este mecanismo. El primero es que la tasa de paro baja del 18 por ciento, límite fijado inicialmente para la continuidad del proyecto. Y el segundo es que el Tribunal Constitucional considera que las competencias son de las comunidades autónomas y no del Estado, ya que se trata de una subvención (la sentencia resuelve el recurso presentado por el Gobierno del País Vasco). 

El resulto es la paralización de la concesión de las ayudas, al menos mientras se arbitra un nuevo mecanismo de gestión del programa.

En la provincia de Almería hay unos 26.000 parados de larga duración, según el informe anual del Mercado de Trabajo publicado por el SEPE. Son potenciales beneficiarios del Plan Prepara (los ciudadanos mayores de 45 años constituyen el colectivo más numeroso). Además, Andalucía es la comunidad con mayor número de demandantes, unos 150.000, por delante de los 80.000 beneficiarios de Cataluña y los 76.000 de la Comunidad Valenciana.

Soluciones
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, compareció este martes (a petición del PSOE) en la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados para responder a la crisis provocada por la paralización del programa de ayudas y sugerir soluciones a corto plazo.

La ministra onubense propone una medida transitoria para atender a los ciudadanos en los próximos meses mientras se alcanza un nuevo marco regulatorio que salve los impedimentos planteados por el Constitucional. “Se ha remitido a las comunidades autónomas un primer borrador de acuerdo y de Real Decreto Ley para dar continuidad al Programa Prepara de manera extraordinaria y limitada en el tiempo, evitando así la desprotección de quienes lo pudieran haber solicitado desde el pasado 15 de agosto”, señaló Fátima Báñez.

La titular de Empleo avanzó que el 4 de septiembre darán comienzo los trabajos, en el marco de la Mesa del Plan de Choque por el Empleo, para revisar el sistema de protección para los desempleados de larga duración, con objeto de simplificar los programas complementarios existentes actualmente (PAE, Prepara y RAI), “ y adecuarlos plenamente al marco competencial vigente y a la doctrina del Tribunal Constitucional, mejorando la eficacia de la cobertura existente”.
No obstante, la situación provoca un nuevo choque entre los grupos parlamentarios y los agentes sociales. La oposición critica la falta de previsión del Gobierno del PP tras una sentencia dictada el pasado 20 de julio.

“El problema con el Plan PREPARA es la gota que ha colmado el vaso del deterioro de un sistema de protección eficaz”, criticó la portavoz de Empleo, Rocío De Frutos, en su intervención en la comparecencia en Comisión de la ministra Báñez.

De Frutos denuncia que el Gobierno “ha ido sustituyendo y recortando una protección por desempleo de primer y segundo nivel, a través de prestaciones y subsidios siempre vinculados al Salario Mínimo, por una cobertura de tercer nivel, cuya cuantía de referencia es el IPREM el cual solo ha subido un punto desde el 2010”. “Incluso la gestión de ese tercer nivel asistencial ha sido diseñado siempre desde la premisa de recortar la protección y endurecer requisitos”, añade.

La secretaria de Empleo de CCOO, Lola Santillana, aseguró ayer que “si se hubiese llevado la propuesta de prórroga del plan al Consejo de Ministros del 25 de agosto, no se hubiera producido un vacío en la protección”.