Cuatro investigados por la Justicia por el caso de El Chuche

El Juzgado de Instrucción 1 de Almería investiga a cuatro personas en el marco de la causa abierta para determinar si se incurrió en un delito contra el patrimonio cuando la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Fomento, acometió obras de desmonte en la N-340 a su paso por la barriada de El Chuche, en el término municipal de Benahadux, lo que habría afectado a un yacimiento arqueológico declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y con vestigios de más de 5.000 años de antigüedad.

Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que las diligencias previas incoadas por la magistrada Ana Belén Vico a instancias de Fiscalía mantiene como investigados en la causa a un técnico de la Demarcación de Carreteras en Almería, así como a otras tres personas relacionadas con las subcontratas que ejecutaron los trabajos en esta zona con el fin de “ocultar un vertedero con la tierra obtenida de un desmonte aledaño”, según informó en su momento el Gobierno central en una respuesta parlamentaria al PSOE.

Fue la asociación ‘Amigos de la Alcazaba’ la que puso los hechos, acaecidos el pasado mes de febrero, en conocimiento del Ministerio Público, que resolvió interponer denuncia al considerar que podrían ser constitutivos de un presunto delito contra el patrimonio histórico, denuncia que ha dado lugar a la apertura de la vía penal para depurar posibles responsabilidades.

Según las estimaciones iniciales del colectivo conservacionista, los trabajos supusieron “el desmonte y allanamiento de casi 8.000 metros cuadrados” de terreno, y la “invasión de prácticamente los 1.000 metros cuadrados” en los que se localiza este yacimiento arqueológico prehistórico, ibérico, púnico y romano de El Chuche.

Los trabajos habrían afectado al menos a una tumba tipo Millares de la Edad del Cobre, excavada entre 1971 y 1972 por los investigadores Ochotorena, Perceval y Francisco García ‘Pituco’ y cuyos materiales arqueológicos guarda el Museo de Almería, de acuerdo a los datos aportados por ‘Amigos de la Alcazaba’, que ha anunciado que va a solicitar la personación como acusación popular para defender la conservación del patrimonio histórico.