Ramón Sedeño: "Luis Pérez dijo que iba a tratar de agilizar una solución a nuestra deuda"

El presidente del Club Unicaja de Voleibol, Ramón Sedeño, ha indicado este viernes ante el tribunal que enjuicia el caso ´Facturas´ por un presunto saqueo del Patronato Provincial de Turismo de Almería bajo mandato de PSOE que el exvicepresidente de la institución supramunicipal, el también acusado Luis Pérez, dijo en una reunión a tres bandas que iba a "tratar de agilizar una solución" a la deuda que el club mantenía con la agencia de viajes Leitour "a través del compromiso adquirido para subvenciones y patrocinios" si bien ha señalado que este "fue verbal".

"Dijo: vamos a ver si nosotros podemos estudiar cómo solucionarlo y a posteriori nos llamaron para que tramitáramos una subvención", ha dicho Sedeño, quien, no obstante, ha afirmado que la citada subvención sirvió luego "para pagar las tasas" del pabellón en el que disputa sus partidos como local el equipo y que la Diputación Provincial "no nos dio dinero para el pago de esa deuda".

Sedeño, quien se enfrenta a una petición fiscal de tres años de prisión y nueve de inhabilitación absoluta por aceptar presuntamente que el pago de esa deuda de 25.000 euros se hiciese a la agencia de viajes "mediante facturación falsa y sin tramitar ningún expediente que justificara el pago", no ha llegado a explicar a preguntas del Ministerio Público "cómo el Patronato de Turismo pagó eso por ustedes sin subvención ni patrocinio". "Fue un contrato verbal", ha trasladado.

Tampoco ha explicado por qué del libro mayor de contabilidad del club se hizo desaparecer del debe la citada deuda con la agencia de viajes Leitour y ha alegado que los clubes deportivos "llevan una contabilidad más liviana que las empresas".

"Yo pensaba que Diputación lo había arreglado", ha dicho para, a continuación, ser interpelado de nuevo por el fiscal: "¿Y cómo pensaba que se había arreglado y de qué otra forma iba a dar dinero la administración si no hay firma en un papel?". "No lo sé", ha apuntado Sedeño, quien ha reconocido que "no han pagado ni devuelto el dinero al Patronato". Su declaración va a continuar el lunes con el interrogatorio de la acusación particular ejercida por la Diputación Provincial y de las defensas.

Con anterioridad y a primera hora de la cuarta sesión del juicio, el administradores de Leitour Viajes Francisco Javier Guerrero, ha terminado de contestar a las defensas que le han interpelado, las de los principales acusados. Estas se han centrado en intentar desacreditar sus contundentes declaraciones del jueves, por un lado insinuando que los expedientes que se encontró en el registro policial de la empresa y que ha servido de base para "acreditar" la existencia de 107 facturas falsas a cargo del Patronato fue hecha con posterioridad a que tuvieran conocimiento del inicio del procedimiento penal.

Por otro lado, han apuntado que Leitour podría haber estado haciendo "una doble facturación" para beneficio de él y de su socio, a lo que ha respondido que "en absoluto, nunca nos quedamos con nada" si bien no ha podido explicar el destino de 55.000 euros de los más de 321.000 euros de procedencia presuntamente fraudulenta.

"Pacto"
"El pacto -ha remarcado- era que por lo menos nosotros teníamos que percibir el IVA". Ha negado también que los "estadillos" que demostrarían con firmas del encausado la entrega en efectivo de más de 179.000 euros de esa facturación ficticia al administrador de Publifiestas Conde se hicieran "ad hoc" para eximir su responsabilidad.

A preguntas del fiscal ha señalado que él y su socio han "devuelto" 140.000 euros, la mitad, de lo que se le pide en concepto de responsabilidad civil, lo que "es mucho más de lo que hemos ganado con esto" y en el interrogatorio de su defensa ha reconocido que, si bien la propuesta que, según asegura, le hicieron la exsecretaria del Patronato Teresa González y Joaquín Conde "le pareció extraña pero no ilegal". "Consultamos con nuestro gestor, que es abogado pero no debe saber mucho de penal, y nos dijo que pagando IVA no era ilegal aunque sí anormal", ha apuntillado.

Por su parte, su socio, Arístides Martos, ha hecho un relato de hechos casi calcado y también ha restado responsabilidad al exvicepresidente del órgano autónomo Luis Pérez tanto a preguntas del fiscal como de la defensa de este. "En la reunión en la empresa una vez que empiezan a salir las informaciones en prensa no se entró en el tema de las facturas falsas", ha dicho para añadir que le dio "la impresión de que no se hablaba de ello porque él no lo sabía". "Solo se habló de que era un pulso entre políticos y de que debíamos estar tranquilos", ha añadido.

Sobre la veracidad o no de las firmas de Conde en los estadillos que reflejarían las entregas en efectivo ha afirmado: "Que él no reconozca su firma es otra cosa, pero firmar, firmó y ese dinero se le pagó" al tiempo que ha señalado, como Guerrero, a la exsecretaria como la persona "que nos dio las indicaciones sobre lo que debíamos hacer para facturar en falso y pagar así las deudas que tenían con Conde".

La vista oral tiene previsto reanudarse el próximo lunes. Luis Pérez Montoya y María Teresa González están procesados por un delito continuado de malversación de caudales públicos, otro continuado de fraude a la Administración Pública, delitos continuados de falsedad en documento mercantil y documento oficial, y un delito de prevaricación continuado.

A la exsecretaria se le imputa, asimismo, la presunta comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documentos ya que, supuestamente, habría "ordenado" a un empleado del Patronato "la destrucción de abundante documentación oficial" que extrajo del archivo que custodiaba "en junio de 2011, tras la celebración de elecciones locales que motivaban un cambio de gobierno en la Diputación y para dificultar el descubrimiento de la trama".

En concreto, indica la Fiscalía que entre la documentación destruida se encontraban todos los expedientes relativos a anticipos de caja fija de los años 2009 a 2010, los expedientes relativos a los viajes contratados con la agencia de viajes Leitour y los expedientes relativos a relaciones de facturas de 2009 a 2010.

La Fiscalía, al margen de la pena privativa de libertad, interesa la inhabilitación absoluta para ambos por 19 años y seis meses en el caso del cargo público, y de 24 años y seis meses en el caso de la funcionaria, para quien pide el pago de una multa de 12 meses con una cuota diaria de 12 euros. En concepto de responsabilidad civil, solicita, en solidaridad con algunos otros acusados, que indemnicen a la Diputación Provincial con 769.134,74 euros en el caso de María Teresa González y con 763.752,82 euros en el caso de Luis Pérez Montoya.

Por otro lado, sitúa en el epicentro de la presunta trama investigada, por la que hay 18 procesados, al empresario Joaquín Conde, de ´Publifiestas Conde´ y a los administradores de la agencia de viajes Leitour, Francisco Javier Guerrero y Arístides Javier Martos. En su escrito de acusación interesa para Conde Carrillo la pena de siete años y seis meses de prisión mientras que para los otros dos empresarios solicita penas de siete años de cárcel, además de cuantías en concepto de responsabilidad civil con respecto a la instrucción provincial de 595.996,5; 363.460,22 y 363.460,22 euros, respectivamente.