Le reducen el estómago y las secuelas la dejan ciega y en una silla de ruedas

S.S.C. tenía 20 años cuando fue operada en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas para someterse a una cirugía bariátrica que le ayudara a combatir la obesidad mórbida que padecía. La operación de reducción de estómago se desarrolló sin contratiempos -durante los meses siguientes la joven llegó a perder 70 kilos - pero la mala praxis médica posterior le provocó secuelas irreversibles: la afectada sufre una ceguera casi completa de ambos ojos (neuritis óptica bilateral), polineuropatía sensitivo-motora con pérdida de movilidad, invalidez resultante y otros muchos daños por los que requiere ayuda de terceros.

Tras la cirugía, la mujer no recibió el control nutricional protocolario y esta circunstancia derivó en un síndrome carencial. Ahora, el Juzgado de Primera Instancia número 96 de Madrid ha condenado a la aseguradora del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar con 546.386 euros a la paciente, que necesitará asistencia de por vida para poder valerse.

“Es un caso gravísimo porque el control exhaustivo al que tenía que haber estado sometida tras la operación no se produjo y cuando saltó la alarma ya era tarde. Ha estado mucho tiempo intentando recuperarse y cuando se ha estabilizado y le dieron la discapacidad definitiva es cuando se ha reclamado. Hay que tener en cuenta que es una mujer muy joven, que se ha quedado impedida y que necesita ayuda incluso para ir al baño”, explica su abogado, Ignacio Martínez, especialista en derecho sanitario y adscrito a los servicios jurídicos de la asociación ‘El Defensor del Paciente’.

El fallo, facilitado por los servicios jurídicos de la entidad que ha ejercido la acusación, recoge que fue cuatro meses después de la operación, realizada en septiembre de 2007, cuando la paciente, que ahora tiene de 30 años y reside en El Ejido, comenzó a sentir cómo se le adormecían las piernas.

Eran los primeros indicios de la polineuropatía sensitivo motora en los miembros inferiores y del  síndrome de mala absorción intestinal de los que fue diagnosticada, por lo que posteriormente tuvo que ser intervenida para reconstruirle el intestino en 2009. Esta segunda operación, que revirtió la cirugía bariátrica que se le había practicado dos años antes ha provocado que, en la actualidad, la mujer haya recuperado todo el peso perdido.  “La neuropatía carencial le causó parálisis y pérdida de sensibilidad en las piernas. Le cuesta mucho mantenerse en pie y se cae a menudo”, relata el letrado, que destaca, sin embargo, el espíritu “luchador” de la afectada. 

La reducción de estómago es, debido a su elevado riesgo quirúrgico, una de las operaciones más agresivas que se le pueden practicar a una persona. Una vez realizada la cirugía, la alteración de la anatomía del tracto gastrointestinal puede desencadenar deficiencias en la absorción de nutrientes como hierro, calcio, vitamina B12, tiamina, ácido fólico y proteínas. Unas deficiencias que son predecibles, prevenibles y tratables si existe un control médico posterior y que fueron las que causaron las secuelas irreversibles en el caso de esta paciente. 

Demanda
La afectada acudió a la  asociación ‘El Defensor del Paciente’, y tras ser derivado su caso al letrado Ignacio Martínez, se interpuso demanda contra la aseguradora del SAS por entender que no se le hizo el control postoperatorio nutricional imprescindible, no se realizó el consentimiento informado que exige la ley antes de ser intervenida y porque, además, era evidente un “resultado desproporcionado generador de responsabilidad”.

A pesar de los años transcurridos, el letrado de la paciente entendía que la acción no estaba prescrita puesto que, más allá de las distintas cirugías y   otros tratamientos médicos aplicados durante ese período, las lesiones fueron evolucionando hasta un estado de secuelas de importante invalidez que derivaron en el reconocimiento, por parte de la Junta de Andalucía, de una minusvalía del 76%. Esto ocurrió el 10 de diciembre de 2015. 

Mala praxis

En su sentencia, la juez señala que fue “en ese momento cuando la paciente conoce la carga física, personal, moral y económica que la negligencia médica le ha ocasionado”. “La mala praxis era tan evidente que la aseguradora Zúrich no la discutió, pero sí la vigencia de la acción, los daños y su valoración”, expone Ignacio Martínez.

Aunque los peritos judiciales estimaron las secuelas causadas en 900.000 euros, la sentencia rebajó  hasta los 546.386 euros (en realidad, serán en torno a 600.000 con intereses) la indemnización que recibirá la paciente. A pesar de que aún está a tiempo, la aseguradora no ha presentado todavía recurso contra la sentencia, que podría ser firme en el plazo de dos semanas.