Un cementerio llamado casa de los líos

Como en aquella película sepia de los Hermanos Marx en la que ‘la parte contratante de la primera parte, será considerada como la parte contratante de la primera parte’, el cementerio de la capital (o los cementerios, ya que son cinco) se ha convertido en el camarote de esos mismos hermanos.

Tres lustros suman ya los cipreses del camposanto de la ciudad -junto a los de La Cañada, El Alquián, Cabo de Gata y Cuevas de los Medina- en una vorágine judicial que parece no ver nunca el final del papeleo.

Se cumplen ya más de ocho años desde que la gestión de San José y Santa Adela se concesionó por 30 años a la empresa alicantina ASV Funeser y más de tres desde que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló esa concesión porque no se ajustaba a derecho, porque el Ayuntamiento no explicó entonces por qué había decidido administrarlo mediante gestión indirecta.

Desde entonces, ha pasado todo ese tiempo y el cementerio lo sigue diligenciando la misma empresa en comisión de servicio. El concejal del ramo en esas fechas, Carlos Sánchez -ahora lo es Carolina Lafita- intuye que “ya parece que se entra en la recta final del nuevo concurso con la aprobación del último informe necesario”.

Pero mientras tanto, muchos cabos sueltos quedan aún por la necrópolis urcitana: quién le pagará a ASV la inversión de cinco millones realizada en el flamante Tanatorio Crematorio Sol de Portocarrero (que le ha arañado negocio a Valdivia y a Ortiz); si se ha hecho ya el informe de justificación para volver a privatizar su administración; si ASV ha invertido en estos ocho años los cuatro millones comprometidos de mejora de los camposantos; y cómo se ha liquidado el canon inicial por parte de la empresa, que el entonces portavoz socialista en la oposición, Joaquín Jiménez, puso en duda de que se hubiera satisfecho.

ASV, mientras tanto, sigue cobrando los derechos mortuorios y todos los servicios sin ser ya la concesionaria. “Tendremos que hacer un arqueo  de ingresos y gastos” reconoce el edil Sánchez.

El director general del ASV, Fernando Guntiñas, declaraba el viernes a este periódico que la intención del Grupo, uno de los líderes del sector en España, es volver a presentarse a la licitación de Almería, “estamos a la espera de ver el pliego, para nosotros Almería es muy importante por toda la inversión que hemos hecho”. Ante la pretensión de ASV de no soltar el hueso, otras funerarias de la capital y provincia, como  Tanatorio San José, de la  familia Ortiz, con base en Huércal de Almería, o Tanatorios y Funerarias del Sur, es más que evidente que puedan estar interesadas en esta contrata que tan buenos réditos parece que prodiga. De hecho, fue la propia Tanatorios y Funerarias del Sur, participada por Albia(Santa Lucía) y  los Valdivia, la que pleiteó contra la concesión municipal hasta que el alto tribunal andaluz les dio la razón.

No así la UTE formada por Tejera y Tanatorio San José que intentaron parar también el proceso al quedar eliminadas del concurso al presentar oferta fuera de plazo.

Es más que evidente que todo lo que rodea al negocio de las pompas fúnebres en esta ciudad, desde hace décadas, está contorneado por un espeso halo de oscurantismo, como si la actividad funeraria impidiera curiosear entre sus cuentas de resultados por pura superstición.El concejal Miguel Cazorla, que suma ya varios trienios como edil en la Plaza Vieja, reconoce que los cementerios son un talón de aquiles desde hace años en la gestión municipal, “sobre todo en la época de Pablo Venzal en la que las decisiones fueron nefastas”.

El lío con esa última morada -en la que irremediablemente acaba todo el mundo- tuvo su primer envite cuando  Santiago Martínez Cabrejas adjudicó a la compañía Ceal, patroneada por la constructora Aral de Rafael Carmona, los cementerios, con una serie de compromisos mutuos. Cuando llegó Luis Rogelio al ayuntamiento, estalló la caja de los truenos y Venzal decidió rescatar la concesión “por incumplimiento”, en unas fechas en los que los vecinos de las inmediaciones paralizaron la construcción de un horno crematorio.

Esa decisión le costó al Ayuntamiento, por sentencia judicial, seis millones del ala, que tuvo que pagar a los herederos de don Rafael que contrataron al prestigioso bufete madrileño de Uría y Menendez. Mientras tanto, una parte que Aral debía devolver al Ayuntamiento -entorno a 500.000 euros- pasó a manos de su acreedor, una empresa portuguesa vinculada al entramado societario de Miguel Rifá, de la que no se ha podido cobrar ni un euro.

Muchos intereses están en juego en un sector que realiza más de 4.000 enterramientos y cremaciones anuales en la provincia, sobre el que sobrevuelan no más de media docena de empresas funerarias que no quieren perder comba en el negocio más seguro del mundo.