La economía y los impuestos centran el turno de preguntas

¿Considera que la baja inversión en I+D  puede lastrar nuestro futuro económico?

Sí. Los retos globales a los que nos enfrentamos tienen que ver con nuestra capacidad para ser sostenibles a través de la innovación. Esta innovación nos es la clave para generar valor a través de la economía, pero es una fórmula a largo plazo de la que deben estar convencidos los empresarios. Tenemos que animar a nuestro sector empresarial a invertir en formación y conocimiento. En cuanto a las instituciones públicas, los últimos años han venido marcados por dos complicaciones principales: la restricción del gasto público  y los problemas de gestión de la administración. Esto ha provocado que en el último año, por ejemplo, solo se haya ejecutado el 30% del presupuesto destinado a la I+D+I, un caso similar al que me encontré al llegar a la Consejería, aunque tras un esfuerzo hemos llegado a ejecutar hasta el 60% del presupuesto.  A este hecho, yo añadiría un factor fundamental: la escasa inversión que realizan las empresas en tareas de investigación y desarrollo. Estamos en niveles muy bajos con respecto a Europa, donde las empresas invierten en torno al 3% del PIB en este aspecto, mientras que en Andalucía solo destinamos el 0,6%. Debemos arreglar esto.

¿Desde su posición qué medidas piensa tomar para incentivar la economía?

“El Gobierno andaluz tiene una serie de competencias que están perfectamente delimitadas y que tienen que ver esencialmente con la salud, la educación o las políticas sociales, además de la estructuración territorial, y en ese ámbito se emprenden acciones que pueden no parecer directas, pero que están íntimanente relacionadas con la calidad del territorio o de sus espacios productivos.
Las políticas inversoras que pretenden impulsar los cambios dependen en gran medida de los fondos de los que podamos disponer, que en estos últimos años han estado muy recortados por la crisis, en torno a un 65 por ciento menos. Por esa razón nuestra principal tarea se ha centrado en mantener un sector público solvente para crear entornos atractivos en los que invertir y en los que producir.
Hay que pensar en la importancia de ese entorno social, educativo, sanitario o geopolítico porque constituyen una base sólida con la que atraer las inversiones hacia Andalucía. Evidentemente necesitamos al mismo tiempo inversiones en materia de infraestructuras que nos permitan ganar en competitividad para nuestros sectores”.
¿Por qué se carga con impuestos a las pymes si son el motor de la economía?Los autónomos y las pymes son esenciales para la economía, pero debemos de ser conscientes de que también son importantes las grandes empresas. Al igual, conviene recordar que los impuestos que pagan las empresas no son competencias autonómicas, sino del Estado. Dicho esto, creo que es necesario que en el Estado exista una visión integral en materia fiscal y tener muy claras las prioridades sobre qué se quiere lograr mediante la recaudación de impuestos. Se deben mirar desde el conjunto, adoptando una visión global de la economía. Particularmente y, a pesar de lo que se pueda decir, nuestro país no es una nación con una enorme carga fiscal.
Por ejemplo, si miramos a países como Suecia, con una población menor que Andalucía, pero cuyo PIB y carga impositiva es el doble que la nuestra. Por lo tanto, Suecia es un ejemplo de una economía pujante, nadie puede rebatir esto, donde se pagan una gran cantidad de impuestos. Se debe garantizar u uso inteligente de los impuestos para asegurarnos de que el conjunto de nuestra economía vaya a mejor, creo que ese es el reto principal que tenemos por delante.
¿Después de eliminar el impuesto de sucesiones y donacionesm cómo valora la propuesta de armonizarlo a nivel nacional?“Este es una pregunta de gran complejidad, porque incorporar cambios al actual modelo impositivo,tanto a nivel andaluz como a nivel estatal siempre incorpora incertidumbres y condiciona la prestación de los servicios que dependen de las aportaciones de los ciudadanos.
Los cambios que se introdujeron en el caso del impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía deben tener unas contrapartidas porque, por ejemplo, comunidades como las de Madrid, Cataluña o Valencia ingresan por conceptos similares en torno a los 400 millones de euros anuales para atender sus demandas de servicios, así que Andalucía debe estudiar la forma de ingresar cantidades similares, vía impuestos, para poder hacer frente a los importantes gastos que requieren las políticas sociales.
Considero que las políticas impositivas deben ser similares para todos, porque de esta forma no estaremos creando brechas que precisen una reparación mayor, ya sea por la vía de los impuestos o por la de las transferencias, que suelen ser con frecuencia fuentes de conflictos.
¿Justifica establecer un impuesto al capital para sostener las pensiones?Creo que es un error caer en establecer impuestos para finalidades concretas, ya que puede provocar grandes disfunciones en cuanto al funcionamiento general de la economía. Yo no estoy de acuerdo con este planteamiento. Otra cuestión es la de analizar cual es nuestra estructura fiscal y si se debe afrontar, de forma global, mayores cargas impositivas sobre las grandes rentas o el llamado ‘impuesto sobre la banca’.
Creo que, reitero, sería interesante explotar una buena distribución de la carga fiscal entre los distintos tramos de la renta y del capital. El ‘impuesto sobre la banca’ existe en otros países de Europa y está perfectamente encajado dentro de la estructura fiscal de estas naciones. Lo que considero realmente importante es que los ciudadanos vean con normalidad estas prácticas y vean que sus impuestos son utilizados de forma correcta y eficiente.
La clave es dotarnos de una estructura impositiva racional, bien distribuida y que la sociedad valore lo que se hace con los tributos que tienen que pagar. Repito que considero que, al hablar de impuestos, no debemos hablar de uno solo, sino de todos y pensar en la mejor forma de articularlos. 

¿Cómo puede afectar la guerra arancelaria abierta por EE.UU. a las empresas almerienses?
“El conflicto generado por la Administración Trump es más que un problema arancelario, es un cambio de paradigma muy importante impulsado desde el Gobierno de los Estados Unidos que abre a su vez una escalada en los intercambios comerciales y en la aplicación de cargas arancelarias en todo el mundo.
El problema es que estas reglas rompen en gran medidas las dinámicas de los mercados y de los intercambios comerciales a nivel global y este tipo de cambios, con frecuencia, los suelen pagar los eslabones más débiles de la cadena, ya sean los productores o los territorios que presentan mayores debilidades.
Probablemente Estados Unidos lo hace mirando a los estados donde tienen las mayores reservas de votos, allí donde han ganado las elecciones. El problema es que esas decisiones pueden afectar a otros muchos territorios, de Europa o del mundo, donde acabarán cerrándose fábricas y apareciendo conflictos. Volvemos al proteccionismo frente a la apertura.  Nuestra obligación es buscar mercados alternativos y seguir adelante”.
¿Se estudiará la aportación socioeconómica de los centros especiales de empleo?Evidentemente tendría una importante repercusión económica. Darle una oportunidad a las personas con discapacidad para comenzar su andadura profesional es una opción justa, porque la sociedad así lo requiere, y que además implica otras cuestiones que rodean al entorno familiar de estas personas, haciendo que sus vidas puedan desarrollarse en plenitud social y económica. Hay veces que las medidas relacionadas con la conciliación se han criticado, llegándose a considerar incluso un gasto innecesario.
Esto es algo que vivimos con el Partido Popular en el año 2012, cuando atacó estas ayudas sin tener en cuenta esto que estamos hablando: el entorno familiar de las personas con discapacidad. Cuando invertimos en la formación de personas que estudian abogacía, trabajos en fábricas o cualquier profesión u oficio, creo que lo peor para ellos es tener que ejercer como cuidadores de las personas dependientes sin además generar ningún tipo de recurso económico adicional, Por lo tanto, esta no es una cuestión de mera justicia social, que por supuesto lo es, sino que también es la solución más inteligente cuando analizamos el problema desde una perspectiva económica.
¿Qué iniciativas se pondrán en marcha por las políticas activas de empleo?  ¿Por qué mantenemos los niveles salariales más bajos, la mayor siniestralidad, pese a la mejora de la rentabilidad económica?Partimos de una reforma laboral pensada para reducir los costes laborales por la crisis. Se vendió como una gran idea, pero el problema es que no se tradujo en todo el puzle y ha propiciado un descenso brutal de los ingresos y, además, se dejó por el camino el importante papel que deben jugar la negociación colectiva o el diálogo entre sindicatos y empresarios.
Por eso he defendido que es necesaria la revisión, si no la derogación, de esa reforma para recuperar el diálogo y permitir que la mejora de la situación tenga también su reflejo en los salarios de los trabajadores, que por otra parte la única forma de que la recuperación se consolide y se recuperen los niveles adecuados de consumo.Evidentemente esa postura necesita ser respaldada con la puesta en marcha de unas verdaderas políticas activas de empleo en el conjunto del Estado, y no la ralentización que hemos tenido en estos últimos años. Tenemos la esperanza de que el nuevo Gobierno incorpore con fuerza esas políticas para sustentar la mejora”.
¿Uno de nuestros grandes problemas es la economía sumergida; qué se plantea para reducirla?“La economía sumergida es, en efecto, un lastre importante que hemos de afrontar desde todos los ámbitos, tanto privados como públicos. Todos los gobiernos, tanto el nacional como los autonómicos, los provinciales o los locales deben afrontar una situación que ha ido en aumento durante los años de la crisis y que supone una amenaza.
Puede que la economía sumergida haya sido la solución para muchas personas en situación precaria estos años pasados, pero a la larga se trata de una práctica que lastre los modelos económicos porque ni generan inversiones, ni empleo de calidad, ni aportan innovación ni tampoco proporcionan ingresos en forma de impuestos o pagos de cuotas que permitan el sostenimiento de la economía y de la inversión desde los sectores públicos.
Además de estas cuestiones, la economía sumergida tiene un efecto pernicioso sobre el conjunto de la actividad empresarial por lo que supone de competencia desleal para las empresas que sí cumplen con sus obligaciones sociales y fiscales. Por ello hay que luchar contra ella”.