Una decena de ex cargos socialistas investigados por malversación

El Juzgado de Instrucción número Cinco de Almería investiga un presunto fraude millonario en la concesión de ayudas públicas del Servicio Andaluz de Empleo a las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT).

El magistrado Rafael Soriano cita a declarar a partir de este martes a una decena de cargos y ex cargos socialistas de la provincia de Almería implicados en la gestión de fondos públicos para el empleo entre los años 2010 y 2012.

Entre los investigados se encuentran Francisca Pérez Laborda, ex delegada provincial de Empleo de la Junta de Andalucía (cesó el 31 de julio de 2012) y los directores de los consorcios de las diez UTEDLT existentes en la provincia de Almería, la mayoría con vinculación directa al PSOE.

Los directores son Esperanza García (Consorcio de Adra), María de los Ángeles Guzmán (Consorcio del Andarax y líder del PSOE de Canjáyar), Juan José Ramírez (Consorcio de Berja y alcalde socialista de Huécija desde 1999), Antonio Gutiérrez (Consorcio de Carboneras y alcalde socialista de Padules), Juan José Rubio (Consorcio del Mármol), Juana María Muñoz (Consorcio de Los Vélez y candidata socialista en Cuevas del Almanzora), Juan José Cano (Consorcio de Huércal-Overa y ex alcalde de Purchena), Elena del Arco (Consorcio de Purchena y ex portavoz socialista en Olula del Río), José Francisco García (Consorcio de Tabernas) y Joaquín Balazote (Consorcio de Vícar y ex alcalde socialista de Cantoria).

Fondos públicos

Las unidades territoriales fueron creadas como medio de cooperación entre el SAE y los ayuntamientos para fomentar la creación de empleo en el ámbito local. En la práctica suponían un apoyo a las políticas activas de búsqueda de trabajo en áreas de la provincia con menos recursos municipales.

Sin embargo, la selección del personal, el criterio de concesión de las ayudas públicas y la fiscalización de la actividades financiadas levantaron sospechas de supuestas irregulares.

En el año 2012, con José Antonio Griñán todavía como presidente de la Junta de Andalucía, las UTEDLT cesaron sus actividades y en el año 2015 se abrieron diligencias penales por presunto fraude y malversación de fondos públicos.

El magistrado Rafael Soriano inició la instrucción del procedimiento en Almería, conocido como Caso Alpes. Las ayudas de empleo se gestionaban a través de los consorcios y, en segunda instancia, de los agentes locales de promoción y empleo (Alpes).

Según documentos a los que ha tenido acceso LA VOZ DE ALMERÍA, especialistas en delitos financieros de la Policía Nacional siguieron el rastro de la concesión de 5,6 millones de euros en ayudas públicas entre los años 2010  y 2012.

El magistrado cita a declarar a partir del martes (en varias sesiones) a la entonces responsable de Empleo en Almería, Francisca Pérez Laborda, a los directores de las UTEDLT y a decenas de Alpes empleados en estos ejercicios en proyectos desarrollados en la provincia.

Esta investigación se extendió a la gestión de la Consejería de Empleo (etapa de Manuel Recio y Antonio Ávila) y a otras provincias andaluzas. En la mayoría de los casos, los juzgados de instrucción terminaron por archivar el procedimiento por la falta de indicios de malversación.

5,6 millones en ayudas, 638.000 euros en despidos

La instrucción judicial del Caso Alpes en Almería estudia el destino de 5,6 millones de euros en subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo a las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT). La investigación halla indicios de descontrol en el destino de las fondos públicos y estudia una presunta malversación de caudales.

La Junta de Andalucía decidió clausurar la UTEDLT en plena crisis económica y la Administración tuvo que asumir los costes salariales de la red de trabajadores compuesta, en el conjunto de Andalucía, por 95 directores y 697 técnicos.

En Almería, había aproximadamente medio centenar de Alpes (agentes locales de promoción y empleo), que iniciaron un contencioso con la Junta para conseguir su integración en el Servicio Andaluz de Empleo.

Las indemnizaciones por despido ascendieron en Almería a 638.600 euros, según datos de la investigación desarrollada por la Policía Nacional y el Juzgado de Instrucción número Cinco de Almería.

Las diligencias se concentran esencialmente en el destino de los fondos públicos y  en la posible existencia de lucro personal gracias a un sistema de subvenciones para el empleo que, según un informe del Tribunal de Cuentas, carecía de una adecuada fiscalización de las actividades desarrolladas en la unidades territoriales para el empleo.

En la provincia de Almería había diez UTEDLT activas para la gestión en coordinación con las corporaciones locales.