Piden 20 años de cárcel para un empresario por la ampliación del Bahía Serena

Un tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería sienta en el banquillo al empresario F. G. acusado de presuntos delitos de falsedad documental, apropiación indebida y estafa en el proyecto de ampliación del apartahotel Bahía Serena de Roquetas de Mar.

Un grupo de inversores se querelló contra el consejero delegado de la sociedad tras   la acumulación de deudas y el plan, parcialmente fallido, de construir dos edificios de apartamentos en las antiguas pistas de tenis del recinto, ubicado en una urbanización en primer línea de playa. La acusación particular solicita penas que suman 20 años de prisión para F. G. por seis presuntos delitos vinculados a su gestión como consejero delegado de la sociedad y director del apartahotel.

Los querellantes acusan al empresario de solicitar préstamos bancarios para sufragar las rentas anuales de los inversores (3.000 euros al año para cada arrendatario) hipotecando activos. “Esta anormal situación económica motivada por la actuación de la gerencia y el ocultismo con el que actúa, le permitía una apariencia de buen hacer, y así obtener el mantenimiento en sus cargos con unos beneficios millonarios, tanto para el como para sus familiares”, señala la acusación.

Más aún, apuntan supuestas irregularidades en la construcción de dos bloques (solo se edificó el primero) entre 2007 y 2008 en unas pistas de tenis del apartahotel. “Ha dispuesto sin autorización tácita ni expresa, legal alguna, de un elemento constitutivo del dominio del que son titulares los querellantes, habiendo realizado una construcción no autorizada”, insiste la acusación particular.

Defensa
F. G., defendido por la letrada Esther Navarrete, compareció ayer en la sala de vistas presidida por el magistrado Luis Miguel Columna y negó la comisión de los delitos imputados.  El empresario aseguró a preguntas del Ministerio Fiscal que los socios contaban con toda la información sobre los proyectos del Bahía Serena   y que las discrepancias truncaron una iniciativa que habría supuesto grandes beneficios para la comunidad. “En Roquetas se estaba construyendo muchísimo y tenía posibles compradores interesados en invertir”, explicó F. G. en la primera sesión. “Todos conocían el proyecto (...) no estaban comprando un piso, estaban invirtiendo en un negocio”, añadió el acusado.

F. G. insistió en las virtudes de una ampliación sin coste de suelo. Los 29 apartamentos construidos se levantaron en unas antiguas pistas gracias a una modificación ventajosa del PGOU de Roquetas. El empresario subraya que los inversores tenían acceso a los documentos. Sin embargo, los querellantes imputan un delito de  delito contra el derecho de información e, incluso, falseamiento de cuentas oficiales. Este martes continúa el juicio con la segunda sesión.