Doce agresiones a docentes en Almería durante el pasado curso

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Educación, detectó durante el pasado curso un total de 12 agresiones a docentes de la provincia de Almería, esto es, cuatro más que durante el anterior curso escolar, que el fueron identificadas un total de nueve agresiones por parte de alumnos o sus familiares.

Según los datos que maneja el Gobierno andaluz, en el curso 2017/2018 fueron cinco los docentes afectados por algún tipo de agresión en los ciclos de Infantil y Primaria mientras que en el año anterior fueron tres, toda vez que en las etapas superiores -Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos- fueron siete los profesores afectados el pasado curso frente a los cinco del curso escolar 2016/2017.

De entre los 12 agredidos en el curso anterior, once de ellos solicitaron los servicios de asistencia jurídica que la Junta ofrece a los docentes en este tipo de casos, mientras que de los nueve agredidos en el curso precedente, solo tres se acogieron a este sistema de protección protocolizado.

Los afectados pueden elegir entre los profesionales pertenecientes a la compañía de seguros o letrados elegidos por ellos mismos, por lo que desde el Gobierno andaluz se desconoce cuantos de los procedimientos judiciales seguidos por malos tratos o a agresiones personales a un docente u otro miembro prestador de servicios de la comunidad educativa han acabado con sentencia condenatoria.

Así, de los 14 casos en los que profesores y maestros que se sirvieron de la asistencia jurídica, la Junta tiene constancia de al menos tres sentencias condenatorias.

Además de las medidas no jurídicas, en los casos de agresión por parte de un alumno del centro escolar a un docente se aplican medidas disciplinarias y se sigue un protocolo en el que se incluye la recogida de información sobre el alumnado para prevenir futuras agresiones, trámites de audiencia a las familias, cumplimentación en el sistema informático Séneca, celebración de reuniones con miembros de la comunidad educativa y otros protocolos internos, que pueden llevar a la revisión del plan de convivencia del centro.