Piden cárcel para dos acusados de usar datos de indigentes en compras

Falsificaron contratos de trabajo para adquirir motos que luego intentaron vender en Internet

Ciudad de la Justicia de Almería.
Ciudad de la Justicia de Almería. Archivo La Voz
La Voz
11:53 • 01 abr. 2019

La Fiscalía Provincial de Almería va a solicitar penas de cinco años de prisión para dos hombres acusados de emplear datos personales de terceros, todos ellos insolventes y en algunos casos en situación de indigencia, para falsificar contratos de trabajo y con ellos, adquirir motocicletas de gran cilindrada que, posteriormente, intentaron vender a través de Internet.



El Ministerio Público señala a los acusados como presuntos autores de un delito de falsificación en documento mercantil y otro continuado de estafa por estos hechos, de modo que también solicita para ellos una multa de once meses a razón del pago de nueve euros diarios con responsabilidad subsidiaria en caso de impago.



Así el fiscal, que pide el sobreseimiento para otros tres acusados al considerar que no está acreditada su participación, acusada a ambos varones de fotocopiar el DNI de varias personas “sin su consentimiento” o sin que “supieran el verdadero fin de facilitarles voluntariamente” su identificación para adquirir las motos entre junio y octubre de 2010.



Cargos



La acusación señala que los dos acusados, “concertadamente y guiados por un ánimo de enriquecimiento injusto”, adquirían los vehículos tras financiar la compraventa “por aseguradoras que autorizaban la operación tras presentarse documentación laboral de los presuntos compradores”, con los que “engañaban a la financiera” al dar a entender la solvencia de estos.



En este sentido, empleaban los datos de los carnés de identidad para aportar nóminas de empresas o cafeterías en las que los perjudicados no habían trabajado. De este modo, habrían podido adquirir motos por valor de entre 8.000 y 15.000 euros, que, una vez entregadas, ofrecían a través de Internet a un precio “inferior al financiado”.



Así, los acusados habrían aportado a su patrimonio el dinero resultante de las ventas en perjuicio de las aseguradoras, a las que “no se les pagó ninguna mensualidad de los préstamos” al ser los compradores "insolventes". La cantidad total de préstamos impagados supera los 54.500 euros.




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