TSJA sentencia en 19,7 millones las parcelas de J. Guiard y Sabinal y no en 3,5

Dos sentencias de junio y julio del año 2018 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TJSA) cifra las parcelas que se expropiaron en 2013 para la prolongación del paseo marítimo a las empresas J. Guiard y Sabinal en casi 18 millones de euros en el caso de la primera, y en 2,7 millones en el caso de la segunda, en vez de los 3,5 que se habían establecido por parte de la Comisión Provincial de Valoración. Un acuerdo que fue recurrido por ambas empresas y en el que se codemandaba al Ayuntamiento de la capital como el ente expropiante.

Según consta en la sentencia con respecto a la parcela de J. Guiard, en la que se hace una estimación parcial, que en la expropiación se incluían suelos urbanizables, no urbanizables y edificaciones cuyos justiprecios deberían ser 14,6 millones de euros, 2,148 millones en el caso de los segundos, y 201.000 en lo que se refiere a las edificaciones, haciendo un total de 17 millones de euros a los que se suman el 5% de premio de afección.

Ante esta sentencia del TSJA los servicios jurídicos municipales presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que ha sido desestimado, y actualmente el Ayuntamiento ha planteado un incidente de nulidad de

actuaciones contra dicha Sentencia de la Sala de Granada.

La segunda de las sentencias es la correspondiente a la parcela de la empresa Sabinal. También es una estimación parcial del recurso presentado contra este acuerdo de la Comisión Provincial de Valoración y de la desestimación de su recurso, y recoge que el justiprecio determinado por precio unitario no es el adecuado, habla incluso de “enriquecimiento injusto del Ayuntamiento” ya que lo pagado “es muy inferior al precio de mercado”. 

Así establece que la cantidad de 2,722 millones de euros es la que debe pagarse, sumándole además premio de afección e intereses legales sobre la empresa.

Sobre esta sentencia también hay presentado por parte de los servicios jurídicos municipales un recurso de casación ante el Supremo que aún no ha sido resuelto.

Informe
Hay que tener en cuenta que en ambos casos los juzgados se guían por el informe que en su día realizó la empresa Valmesa a instancias del Ayuntamiento de la capital en 2006 y cuyas cifras se modificaron de forma importante con ese dictamen de la comisión.

Hay que tener en cuenta que el problema con estas dos parcelas no es algo que proceda del año 2013, sino que, ya hubo un contencioso administrativo que se cerraba justo ese año con una sentencia del TSJA tras dos dictámenes contrapuestos en la justicia provincial, que obligaba al Ayuntamiento a proceder a la expropiación de los suelos pero con los precios que estableciera la Comisión de Valoración Provincial y no los 6,8 millones que se pedían por Sabinal ni los 58,3 que solicitaba J. Guiard. De ese acuerdo de la comisión que lo cifró en 3,5 millones, llegan ahora estas sentencias contrarias.

Por su parte desde el Grupo Municipal Socialista su portavoz, Adriana Valverde, asegura que “el PP ha hipotecado al próximo Gobierno que resulte tras las elecciones municipales de mayo porque, quien se haga cargo del Ayuntamiento deberá descontar, nada más entrar por la puerta, cerca de 18 millones de euros que habrían servido para hacer obras en la ciudad, que está necesitada de equipamientos deportivos en los barrios, de guarderías para ayudar a las familias, o bien para llevar a cabo un plan de puesta al día de zonas verdes y arbolado o para la puesta en marcha de planes de empleo propios para los parados de nuestra ciudad”. 

Y puso el foco de responsabilidad en el gobierno del Partido Popular porque, del estudio de la información sobre lo sucedido, se desprende “una lentitud” y “pasividad” en la gestión del asunto que “ha sido muy beneficiosa para una empresa -la propietaria de los terrenos afectados”. “Cualquier persona podría pensar que quizás esta lentitud pudiera tratarse de una estrategia bien orquestada”.

Obstrucción
Además, remarcó el hecho de que, desde noviembre del año pasado, se ha llevado a cabo por el gobierno del PP “una obstrucción sistemática” al acceso a la información requerida por el PSOE sobre este tema. Algo que, según apuntó, también se puede enmarcar en una posible “estrategia” con la intención “de evitar que la ciudadanía conozca la manera de gestionar su dinero”.

Valverde destacó que dentro del proceso “a pesar de que al Ayuntamiento se le notifica la demanda en febrero de 2014, el equipo de gobierno no hace nada: no la contesta ni aporta las pruebas”.