Propietarios de viviendas deben 46 millones a sus comunidades

Los administradores de fincas de Almería calculan que en la actualidad existen en torno a 45.000 propietarios en la provincia que no están al corriente de los pagos de las cuotas establecidas por sus comunidades.

Un incumplimiento de las obligaciones que se presenta de forma muy irregular puesto que han comunidades y zonas en las que apenas existe esta problemática y, sin embargo, en otras los morosos llegan a representar más de la mitad de propietarios del inmueble, lo que genera grandes problemas a la hora de afrontar los gastos comunes.

Alrededor del diez por ciento de esos malos pagadores se reparten entre aquellos que se descuidan en los pagos, pero con cierta regularidad pagan de golpe los atrasos producidos, y aquellos que, por circunstancias personales, no pueden hacer frente a la totalidad de los pagos y es frecuente que hagan pequeños ingresos, no suficientes para cubrir sus cuotas, pero que poco a poco van atendiendo los pagos.

Negativas

Pero frente a esos casos de morosidad ligera, existe otro porcentaje, situado entre el 5 y el 7 por ciento de los propietarios, que simple y llanamente se niegan a pagar y que son los que generalmente acaban en conflictos de corte judicial.

Entre unos y otros, se estima que en torno a un 15 por ciento de los propietarios genera problemas a las comunidades por impago, lo que genera en las comunidades de vecinos un agujero financiero que está por encima de los 46 millones de euros anuales, agujero generado por el impago de cuotas tanto ordinarias como extraordinarias.

Apoyo legal

Los procedimientos seguidos para intentar el cobro de esas cantidades han mejorado, según explica el administrador de fincas Manuel López Segura, sobre todo tras la puesta en marcha hace unos años del procedimiento ‘monitorio’, un proceso que puede iniciar el propio administrador, sin necesidad de intervención de abogados y procuradores.

Ese sistema concede al moroso 20 días para dar una respuesta y hacer frente a la deuda pendiente. En caso de no ser atendida la reclamación, pasa a manos del juzgado que inicia otro tipo de procedimiento destinado a la reclamación jurídica de la deuda o al embargo de cuentas y bienes hasta cubrir la deuda.

Justicia lenta

López Segura sostiene que cuando el conflicto llega a los tribunales ordinarios el problema radica en que los casos pueden alargarse durante años. Puede pasar en torno a un año y medio hasta que el juzgado llegue a comunicar al deudor la apertura de procedimiento.

En muchos casos los plazos se alargan porque el deudor no recibe formalmente la comunicación del juzgado. Esos envíos no atendidos son consignados como ‘ausente’ o ‘desconocido’. “La semana pasada nos llegaba la resolución de un proceso monitorio del año 2015, cuando la vivienda ya ha cambiado de propietarios al haber sido embargada”, relata el administrador.

Casuística 

Lo cierto es que, según los administradores, con la mejora de la situación económica la morosidad ha descendido sensiblemente. Apelas en cualquier caso a la falta de concienciación de los propietarios, algunos de los cuales mantienen una deuda anterior, pero hacen frente a los recibos mensuales que se giran en el presente. “Pero hay que reconocer que los procesos de reclamación suelen ser atendidos por un número sensible de deudores”.