El alcalde de Huércal ordena desalojar una asociación de una casa del Obispado

El alcalde dice que está obligado a cumplir la Ley, pues la Diócesis lo ha reclamado

VECINOS  de la asociación, reunidos tras la orden de desalojo.
VECINOS de la asociación, reunidos tras la orden de desalojo. La Voz
M. Cabrera / La Voz
07:00 • 26 jul. 2019

El alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres (PP), ha ordenado el desalojo, en un plazo de cinco días, de la asociación de vecinos del Barrio Visiedo, que tiene su sede en un edificio situado en las instalaciones del campo de fútbol Villa de Santiago, propiedad del Obispado de Almería, aunque utilizado por el Ayuntamiento en virtud de un convenio.




La resolución del alcalde, dictada el lunes, ordena a los responsables de la asociación a retirar “del local todos los enseres allí ubicados y no sean titularidad del Obispado… en un plazo de cinco días naturales siguientes al de recibo de la presente”. La asociación recibió la resolución el miércoles, con lo que tendrían hasta el lunes para abandonar la que ha sido su sede durante los últimos  diez  años. Sin embargo, no están dispuestos a hacerlo, como dice  su tesorero, José Antonio Gómez.




Gómez lamenta que el Ayuntamiento no ha dado hasta ahora ninguna explicación, y que el alcalde, junto a los concejales del PP y Vox, no le han respondido este jueves al final del pleno, y lo abandonaron cuando les preguntó por los motivos del desalojo. “Nuestra asociación tiene más de 200 miembros, no tiene ningún signo político, organiza un gran número de actividades y siempre ha colaborado con el Ayuntamiento, independientemente del partido que gobierne”, asegura.




Sin embargo, la portavoz del PSOE, Ángeles Castillo, sí parece ver razones políticas en esta decisión, pues tras criticar la actitud del alcalde, afirma que  debería gobernar “para todos los vecinos y vecinas del pueblo, independientemente de si comparten o no su ideología”. Castillo califica  de “auténtica vergüenza” la manera en que el alcalde ha tratado a la asociación, “mandándoles a la Policía y exigiéndoles que se marchen en unos pocos días”, además de dejarlos “con la palabra en la boca” en el pleno.




El alcalde, por su parte, afirma que está obligado a cumplir la Ley, después de que el Obispado comunicara al Consistorio el año pasado que quería recuperar sus terrenos. Torres dice que ha ofrecido a los vecinos la búsqueda de una alternativa, y que así se lo ha comunicado este jueves en el pleno.






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