Le piden tres años de cárcel por estafar a unos damnificados del seísmo de Lorca

La Fiscalía de Almería solicita tres años de prisión para un hombre acusado de estafar a una pareja de damnificados en el terremoto mortal de Lorca (Murcia) en 2011 ya que supuestamente les vendió una vivienda que no existía en el municipio almeriense de Garrucha.

Según el relato del Ministerio Público, consultado por Europa Press, les hizo creer "que provenía de un embargo" y logró que le abonarán "un total de 12.310 euros para adquirir la vivienda que iba a ser morada de ambos".

Añade, "una vez recibido el dinero e incorporado ilícitamente a su patrimonio" a través de una mercantil de la que era administrador único, habría alquilado una casa para dar "apariencia de veracidad a la venta realizada" y habría entregado las llaves a la pareja, quien fue "desahuciada a los dos meses".

El escrito de calificación provisional atribuye a M.Y.P. la presunta autoría de un delito de estafa e interesa que se le condene, al margen de la pena privativa de libertad, al pago de una responsabilidad civil de 12.310 a los perjudicados.

El terremoto

El fiscal detalla que, en diciembre de 2011, el acusado contacto con la pareja, quien, "tras haber perdido su vivienda por el terremoto sucedido el Lorca en mayo" de ese mismo año, "estaban buscando una vivienda en Garrucha".

Pese a "carecer de poder de disposición sobre ninguna vivienda", M.Y.P. les habría ofrecido una casa, "manifestándoles que provenía de un embargo", por lo que consiguió que realizarán "cuatro ingresos bancarios" en una cuenta de la que era titular la mercantil en la que figura como único administrador.

En total, la pareja ingresó 12.310 euros, a lo que hay que añadir otros "400 euros" que habrían entregado "en mano, todo para adquirir una vivienda que iba ser morada de ambos", según remarca el Ministerio Público de cara a la vista oral señalada el 26 de septiembre ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

El escrito de acusación indica que, para dar "apariencia a la supuesta venta realizada", firmó una escritura pública "de reconocimiento de deuda de 12.400 euros" y "alquiló una vivienda a su legítima propietaria, cuyo uso cedió de inmediato" a los perjudicados.

"Ellos pasaron a ocupar la vivienda durante dos meses aproximadamente, en la creencia de que era la vivienda que, teniendo su origen en un embargo judicial, habían adquirido al acusado pero finalmente fueron desahuciados de la referida vivienda, sin que les haya devuelto el dinero recibido", concluye el Ministerio Público.