‘Despiden’ a 47 trabajadores del plan de barrios

El despido por finalización de contrato el próximo 31 de agosto de 47 trabajadores pertenecientes al Plan de Zonas Desfavorecidas y el futuro del proyecto enfrenta a equipo de Gobierno y Grupo Municipal Socialista.

Según explican los propios trabajadores afectados, el plan en cuestión que se realiza a través de la Estrategia ERACIS, cuenta con una duración de cuatro años y sin embargo, los contratos que se han realizado tanto a trabajadores sociales como psicólogos, animadores sociocomunitarios y educadores cuentan con una duración de solo tres meses  y nada saben sobre su futuro laboral.

Con esta situación sobre la mesa, desde el Grupo Municipal Socialista denuncian que el propio alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, se comprometió con estos trabajadores “a que contarían con una estabilidad de cuatro años” cuando “tienen un contrato de duración determinada de tres meses y que no tienen posibilidad de prórroga”. Ante esta situación temen los socialistas que ante la paralización de las actividades, y tal y como se recoge dentro de las condiciones de la ayuda, haya que devolver parte del dinero a la Junta de Andalucía.

Desde el equipo de Gobierno el concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, se apresura a explicar que la intención municipal es seguir adelante con el desarrollo del programa a pesar de la situación en la que se encuentra con este cambio laboral. Afirma Alonso que se está a la espera de un informe jurídico-técnico de los servicios del área de Función Pública que “determine si legalmente procede contratar a los mismos trabajadores o, por el contrario, hay que volver a hacer uso de la bolsa de trabajo que se estableció”. Un informe que aún está pendiente a pesar de que la finalización de los contratos es dentro de cuatro días.

Temporalidad
Desde el Grupo Municipal Socialista ponen como ejemplo a otros ayuntamientos y diputaciones cuyos contratos, dentro del mismo plan, “han sido de obras y servicios con una duración más larga y que puedan ser prorrogables”.

Según Amparo Ramírez,  incluso desde la propia Junta de Andalucía han indicado su criterio “para que se prorrogue la relación laboral lo máximo posible” ya que entienden “que la contratación del personal contratado dentro de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social debe de ser estable a lo largo de la duración de la misma con el objeto de dar continuidad al desarrollo del proyecto”, además de advertir de que “la paralización de las actividades” podría ocasionar “reintegros de las cantidades subvencionadas” por parte del Ayuntamiento.

El equipo de Gobierno asegura que van a seguir adelante con el proyecto “a pesar de las dificultades administrativas” y recuerda que “no solo el Ayuntamiento se ha acogido al programa sino que se ha puesto en marcha” y que pretende ejecutarlo