Ana Julia Quezada espera su turno aislada en una celda del módulo 1 del centro penitenciario de El Acebuche, ajena a un despliegue judicial, policial y mediático sin precedentes en la provincia de Almería. El juicio del Caso Gabriel Cruz Ramírez moviliza a unos 150 periodistas de 40 medios acreditados y, más importante, obliga a la Audiencia Provincial de Almería a adoptar medidas inéditas.
La primera es el cierre una parte de las declaraciones en el juicio oral. La magistrada Alejandra Dodero, en contra de las recomendaciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), decretó el viernes la puerta cerrada para las testificales de Ángel Cruz y Patricia Ramírez, la abuela del pequeño y una prima menor de edad.
Tampoco permitirá acceso de público o periodistas a las pruebas periciales de los forenses y a un informe de parte sobre las causas de la muerte del niño de ocho años en Rodalquilar (Níjar) el 27 de febrero de 2018.
La magistrada de la Sección Segunda alega que “por el uso desmedido de la mediatización del caso, se ha generado un estado crónico de temor al daño psicológico irreparable en la familia”. “Esta victimización secundaria sufrida, se verá sin duda agravada si se hacen públicos detalles de la autopsia,los contenidos de los informes psiquiátricos y psicológicos o los detalles acerca de como se produjo la muerte del menor”, precisa el auto judicial consultado por LA VOZ DE ALMERÍA.
En la práctica, esto supondrá que declaraciones claves en el caso como la opinión especializada de los forenses sobre las causas de la muerte no sean conocidas por fuentes directas sino por fuentes parciales.
Dodero atiende en su auto la petición realizada por el letrado de la acusación particular, Francisco Torres. Paradójicamente la defensa ejercida por los abogados Esteban Hernández Thiel y Beatriz Gámez y la propia fiscal Elena Fernández Lora tampoco eran favorables a la celebración de un juicio retransmitido.
La magistrada, en este asunto, contaba con una petición similar de las tres partes implicadas, aunque resuelve de forma distinta y sí permite conocer con luz y taquígrafos la comparecencia de Ana Julia Quezada.
Comunicación
Paralelamente, el TSJA se ha volcado para proteger el derecho a la información y, al mismo tiempo, garantizar la protección de los partes implicadas y de los miembros del jurado popular. Gracias a la inversión de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía y a la mediación de la presidenta de la Audiencia Provincial, Lourdes Molina, se han habilitado dos salas para el seguimiento del caso.
El TSJA desplazará a personal de su gabinete de comunicación para gestionar la avalancha de medios y la Guardia Civil y la Policía Nacional tratarán de colaborar en el filtro de acceso al Palacio de Justicia de Almería.
Ana Julia Quezada está acusada de asesinar a Gabriel Cruz, hijo de su compañero sentimental. La muerte se produjo en una finca familiar en la pedanía nijareña de Rodalquilar. La Fiscalía y la acusación particular piden prisión permanente revisable. De producirse la condena, será la segunda cadena perpetua dictada en Almería desde la entrada en vigor de la reforma del Código Penal.
La Junta invierte 80.000 euros en la Audiencia de Almería
La Consejería de Justicia y Administración Local ha invertido casi 80.000 euros en obras de emergencia en el edificio de la Audiencia Provincial de Almería y en adecuar las salas de vistas para acoger los macrojuicios que en las próximas semanas se van a desarrollar en la sede. Así lo explicó la secretaria general para la Justicia, María José Torres, en el trascurso de una visita a las instalaciones con la que ha querido “comprobar que los trabajos se han desarrollado adecuadamente”. Torres, que estuvo acompañada por el delegado territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, José Luis Delgado, recordó que los trabajos que se han realizado eran “de carácter urgente” y así se lo transmitieron las autoridades judiciales en la visita que realizó el pasado mes de junio.
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