La mañana del 10 de marzo de 2018 (Níjar), Ana Julia Quezada retiró las tablas de la finca de Rodalquilar, cubrió el cuerpo con unas mantas y metió los restos del pequeño Gabriel Cruz Ramírez. Unos minutos más tarde la mujer era detenida a las puertas de su vivienda en La Puebla de Vícar.
La investigación creyó entonces que la acusada estaba ganando tiempo para deshacerse del cuerpo. Sin embargo, Quezada ofreció una versión distinta durante su interrogatorio en la sala del jurado popular. “Quería ponerle comida a mi perro, escribir dos cartas a mi hija y a Ángel y tomarme todas las pastillas que llevaba y tumbarme en el sofá”, señaló.
Esta versión del suicidio contrasta con el recorrido realizado entre Rodalquilar y Vícar aquella mañana. La UCO ya había colocado los micrófonos en el coche y Ana Julia Quezada manifestó en voz baja su intención de arrojar el cuerpo en una zona de invernaderos. Nada que ver con el plan de llevar el cuerpo a su casa y quitarse la vida.
Más aún, la acusada no ha presentado comportamientos suicidas durante los 550 días que acumula en el módulo uno del centro penitenciario El Acebuche.
Prisiones activó el llamado Plan de Prevención de Suicidios (PPS) y colocó a Ana Julia una interna de confianza para vigilarla (luego rotó con otras compañeras). Ahora bien, este plan apenas duró dos semanas, el mínimo establecido en el Reglamento Penitenciario, y no se prolongó por la ausencia de indicios de autolisis.
Más aún, la acusada mostró siempre un comportamiento colaborador en la cárcel, consiguió incorporarse a la vida normal del módulo sin medidas especiales y progresó en su situación hasta el episodio del 30 de diciembre, que la obligó a volver a ese aislamiento que supone la protección.
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