Prisiones persigue las filtraciones de funcionarios sobre Ana Julia Quezada

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha remitido una carta a los equipos directivos de las  cárceles españolas para que tomen medidas sobre las filtraciones sobre la situación de internos sometidos a procesos especialmente mediáticos. El documento, consultado por LA VOZ DE ALMERÍA, no menciona el caso de Ana Julia Quezada en El Acebuche, aunque coincide con entrevistas a funcionarios (con la cara tapada) en televisión sobre el estado de la presunta asesina de Gabriel Cruz.

“Ante la frecuencia con la que aparecen en diversos medios de comunicación trabajadores que dicen ser funcionarios de Instituciones Penitenciarias divulgando datos de diversa índole relativas a las personas privadas de libertad, algunos de ellos de especial protección por afectar a su esfera más íntima”, señala el texto, “se hace necesario por parte de los directores que se recuerde a todas las plantillas la legislación al respecto”.

Secreto
El órgano dependiente del Ministerio del Interior, apela a la obligación de “guardar secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente” y a “mantener la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo”.

“El personal penitenciario está obligado a guardar secreto profesional respecto de los datos, noticias o informaciones que conozca a conse­cuencia del ejercicio de la función pública, o en relación con él, y se refieran  a  personal  penitenciario  y  personas  sujetas  a  sanciones  o  medidas  de  ejecución  penal,  así  como  sus  respectivos  familiares  y  relaciones  sociales,  y  especialmente  respecto  de  lo  que  afecte  a  la seguridad de la institución o de sus instalaciones, bienes o recursos”, dice su artículo 19 del Código Deontológico de Prisiones suscrito en 2011.

Interior no solo apunta a las posibles filtraciones en Almería. Sobre la mesa se encuentran numerosas informaciones en prensa sobre José Bretón, el Chicle (presunto asesino de Diana Quer), Isabel Pantoja y otros muchos casos de máxima relevancia en la opinión pública.

Además, la carta de Prisiones alerta de posibles medidas disciplinarias para quienes desatiendan las obligaciones legales de confidencialidad. Señala directamente al Código Penal por la revelación de secretos oficiales.  “Es objetivo de esta Secretaría General atajar aquellas conductas profesionales contrarias a los deberes expuestos (...) por su específica incidencia en un ámbito como el penitenciario”, concluye la carta firmada por Ángel Luis Ortiz.