Imputan a Correos por un posible delito contra sus trabajadores en Almería

El próximo 6 de noviembre, la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos tendrá que declarar ante el juez tras ser imputada (término que ahora ha sido sustituido por “investigada”) debido a una denuncia interpuesta por Francisco Sabio en nombre del Sindicato Independiente de Correos (SiPcte).

La denuncia señala a un posible delito contra los derechos de los trabajadores “por incumplir grave y reiteradamente sus obligaciones en materia de riesgos laborales”, reza la denuncia interpuesta el pasado mes de julio y que ha provocado que el juez llame a declarar a la propia compañía (de capital público).

El origen no es otro que el reiterado caso omiso que Correos habría hecho en Almería de los distintos expedientes abiertos por la Inspección de Trabajo. Tanto en 2015 como en 2016, el SiPcte denuncia ante la Inspección de Trabajo una situación que, a decir verdad, sigue manteniéndose en el tiempo: la excesiva carga de trabajo que sufren los carteros no es tenida en cuenta por la compañía al analizar ciertos riesgos laborales derivados del estrés.

“La Inspección sanciona en varias ocasiones a Correos y le indica que debe analizar los riesgos laborales derivados de la carga de trabajo; analizar el nivel de estrés que le supone a los trabajadores para determinar si son necesarias otras medidas”, señala el abogado Raúl Montoro, de Alvores Abogados.

Sin embargo, Correos paga la sanción y hace caso omiso a lo planteado por la Inspección de Trabajo, tal y como señalan desde el SiPcte. “Correos no cumple y pareciera que prefiere pagar la sanción antes que cumplir con la normativa”, señalan desde el entorno del sindicato.

Investigación

Así las cosas, Sabio dió el salto y pasó de acudir a la Inspección de Trabajo para hacerlo en el mundo penal. Tras la denuncia, se abre la fase de investigación, en la que declararán tanto Sabio como la propia Sociedad Estatal de Correos, y será el juez el que determine si, efectivamente, existe un delito contra los derechos de los trabajadores.

“El incumplimiento es tan grave que se pone en riesgo la salud de los trabajadores, con jornadas extenuantes haciendo el trabajo de dos personas. No es habitual que se abran diligencias penales, lo cual señala la gravedad de los hechos en este caso, llevados a cabo por una sociedad de capital público que ahora está siendo investigada”, recuerdan desde Alvores Abogados.

Además, no se descarta la posibilidad de que el juez determine que se hayan cometido otros dos delitos más: de desobediencia e incluso contra la integridad moral de sus trabajadores.

En cualquier caso, esta denuncia sienta en el banquillo a Correos y, tal y como indican desde Alvores Abogados, podría llevar al juez a tomar las medidas indicadas en el artículo 129 del Código Penal, que contempla penas tan dispares como multas, clausura temporal de establecimientos e incluso la intervención judicial del departamento de la Sociedad Estatal de Correos encargado de la prevención de los riesgos laborales.