Visto bueno a crear la categoría de magistrados para Roquetas y El Ejido

Si hay una rémora que está pesando en el funcionamiento de la Administración de Justicia en las importantes poblaciones de Roquetas de Mar y El Ejido esa es probablemente la falta de estabilidad al frente de los órganos judiciales. Cuando un juez o una jueza llega para ponerse al frente de alguno de esos doce juzgados -seis de Primera Instancia e Instrucción por cada uno de ambos partidos- ya sabe que su desempeño allí tiene fecha de salida: tres años, el tiempo que media hasta que pasan al siguiente peldaño en el escalafón de la carrera profesional de la Judicatura. El tiempo necesario para ascender de la categoría de juez a la de magistrado.

Ese continuo desfilar de profesionales presupone, entre otras cosas, que la investigación de causas complejas pueda acusar los cambios y demorar su tramitación. Por eso, hace ya años que la petición de elevar la categoría profesional de los órganos judiciales de Roquetas de Mar y El Ejido a la de magistrado y magistrada se está moviendo desde las instancias judiciales de Almería. Y acaba de dar sus frutos. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado en su última reunión, el pasado 25 de septiembre, un acuerdo para informar favorablemente esta medida, que viene de la mano de una propuesta elevada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

El TSJA hizo llegar en 2018 la petición al CGPJ, tras aprobarlo en su sala de Gobierno en julio de ese año. Venía precedido el acuerdo del alto tribunal andaluz de escritos previos de los ayuntamientos de ambos partidos judiciales, de los decanatos de los juzgados y de un informe emitido por la presidenta de la Audiencia Provincial de Almería. Lourdes Molina considera que dotar a ambos partidos judiciales de la categoría de magistrados aumentará la calidad del servicio que se presta en los órganos judiciales. "Es equipararlos a los compañeros de Almería, que tienen todos la categoría de magistrados, eso dará mucha estabilidad porque abre la posibilidad de que se puedan quedar cuando llegan a los tres años y ascienden, y no necesariamente tener que marcharse a un nuevo destino", subraya Molina. "La repercusión es muy grande, va mucho más allá de equiparar en salario y en categoría", enfatiza la presidenta de la Audiencia Provincial. 

La pertinencia de elevar la categoría de estos dos partidos judiciales, que serían los únicos en la provincia fuera de la capital, viene determinada tanto por la población que cubren como por la complejidad de los asuntos que se dirimen en esos juzgados. Tener magistrados supone también lleva de la mano también tener plantillas de funcionarios más experimentadas. 

Molina no duda en resaltar la importancia de esta resolución de la Comisión Permanente del CGPJ, dado que, tras años de intentos, es la primera vez que la medida supera este trámite, informado también favorablemente con carácter previo por el Servicio de Inspección del propio Consejo. Pero ahora la pelota está en el tejado del Ministerio de Justicia, que es quien tiene que aprobar la dotación económica y cumplir con una decisión del Poder Judicial que es "esencial y determinante".