La Audiencia Nacional ha dado cuenta de una providencia en la que rechaza pedir al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que levante el secreto de parte de los ‘Papeles de Palomares’, contradiciendo un auto dictado por la misma sala de lo contencioso tres meses atrás.
La importancia de este pleito que se dirime en la Audiencia, entre la Federación Provincial de Ecologistas en Acción y el CSN, es que es el único resquicio legal que queda, si hay una sentencia favorable, para que se proceda a limpiar el plutonio residual que queda en 40 hectáreas acotadas en Vera y Cuevas del Almanzora desde el accidente nuclear de hace 54 años.
No hay más: si fracasa este contencioso, no hay visos de que sea posible retirar los más de 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada en esa pedanía de Cuevas donde en enero de 1966 cayeron cuatro bombas termonucleares por un accidente aéreo entre dos aviones militares norteamericanos.
El estado actual de la cuestión, con esta última providencia, es que la Audiencia ahora recula y exime al CSN de presentar el informe con el que se elaboró el Plan de Rehabilitación de Palomares de 2015, que corregía el elaborado en 2010 y por el que se disminuía el volumen de tierra a limpiar de 50.000 a 28.000 metros cúbicos y que, supuestamente, por un principio de acuerdo, sería transportado por barco hasta un cementerio nuclear en Estados Unidos.
La Audiencia mantiene, no obstante, la orden de que el Consejo de Seguridad Nuclear haga público el primer informe que avala el Plan de Rehabilitación elaborado en 2010 y hace un mes reiteró la petición al Consejo de Ministros de que hiciera públicos este documento.
A la fecha actual, al accidente nuclear de Palomares aún se le aplica la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Al contrario que la Administración de Estados Unidos que, a través del Departamento de Energía (DOE) lleva una década desclasificando informes y expedientes del ‘Caso Palomares’.
La mayor parte del conocimiento que se tiene sobre lo ocurrió aquella mañana de San Antón sobre el cielo del Levante almeriense y lo que vino después, se ha podido saber a través de la revelación de esos documentos procedentes del DOE. Los secretos de Estados, como Palomares, son, por ahora, eternos en España, para siempre, a pesar de la entrada en vigor en 2013 de la Ley de Transparencia en la Administración.
La providencia de la Audiencia limitando la publicidad del informe de rehabilitación del CSN, ha sido recurrida por Ecologistas en Acción con un recurso de reposición en el que solicita de nuevo “la entrega del informe del CSN que evalúa los niveles de intervención para la restauración de los terrenos afectados y si no lo hace, que explique los motivos”.
Baile de magistrados en la Audiencia
El auto dictado por la Audiencia Nacional el pasado 3 de febrero levantó ampollas entre los magistrados: el ponente, Helmut Moya, quien exigió la limpieza inmediata de Palomares y su trasladó provisional a las instalaciones de residuos nucleares de El Cabril (Córdoba), ya no está dentro del procedimiento. Fue nombrado en su lugar como ponente José Guerrero Zaplana bajo la presidencia de Juan Carlos Fernández de Aguirre, junto a las magistradas Yolanda de la Fuente y la incorporada Begoña Fernández Dozagarat, quien también ha desaparecido en la firma de la última providencia. Fernández Dozagarat es esposa de Manuel Moix Blázquez exfiscal anticorrupción, quien dimitió a raíz de la ‘Operación Lezo’. El matrimonio tiene una casa en propiedad en El Toyo almeriense donde suelen descansar en vacaciones.
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