Cien monitores de educación especial denuncian la privatización de sus servicios

Más de un centenar de Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS) de Almería denuncian ser "víctimas" del nuevo Decreto de Escolarización elaborado por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, que lidera Javier Imbroda, al que acusan de "degradar" su labor profesional así como el servicio que prestan a los alumnos almerienses con necesidades especiales.

Así lo denuncia uno de los profesionales afectados, Alejandro Ruano, técnico de integración social y que aún no sale de su asombro tras comprobar cómo las esperanzas que creó Imbroda con la creación de la Bolsa Única de Empleo para los técnicos de integración social se han "esfumado" de golpe y porrazo con el nuevo decreto, ya que este establece que dejan de ser un servicio estructural y pasan a complementario.

Privatizado

Una sola palabra que determina el futuro de alrededor de más de 100 profesionales almerienses que esperaban que la Bolsa de Empleo, a pesar de sus "múltiples deficiencias", podía permitirles ser reconocidos como lo que son: uno más de la comunidad educativa estructural y no un "complemento" a esta. Y es que, según recoge el decreto, ahora el trabajo de los Ptis y de los profesionales de la traducción de signos pasa a equipararse con los que monitores de un aula matinal o de cualquier actividad extraescolar.

"Esto es vergonzoso, es una privatización total del servicio que nos impide poder ser considerados trabajadores de la Junta de Andalucía", denuncia Ruano, quien denuncia que desde la Consejería hacen caso omiso a la legislación vigente.  "La Ley de Educación en Andalucía (LEA), establece cuales son los servicios complementarios de la educación; aulas matinales, comedores escolares, el acompañamiento del transporte escolar y actividades extraescolares, como se puede ver todas estás actividades se llevan a cabo fuera del horario lectivo y son voluntarias y pagadas por los usuarios", algo que no cuadra con su labor dentro del centro: "Nosotros somos fundamentales para cada uno de los profesores con los que trabajamos en su mismo horario y en el mismo lugar. Nuestro servicio queda reflejado en la LEA, como un servicio estructural como no podía ser de otra forma, somos parte del sistema educativo y trabajamos en estrecha y contante colaboración con maestros, especialista en audición y lenguaje, psicólogos...".

Protestas

Ahora, ante la imposibilidad de salir a la calle a manifestarse dicen que solo les quedan recursos limitados: "Podemos presentar un escrito al Defensor del Pueblo, pedir una reunión con la Consejería y hacer ruido en redes sociales, poco más, y mientras tanto, nos convierten en un servicio totalmente privatizado", explica Ruano.

Todo, concluye, después de que se comprometieran a solucionar la situación de precariedad laboral en las que se encuentran tanto PTIS como ILSE, unos 2,200 trabajadores en toda Andalucía y de los cuales solo 800 son personal propio de la Junta. "El resto somos personal contratado por empresas privadas a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) incurriendo en dicha contratación en una cesión ilegal", afirma.

Y sentencia Ruano: "Es sorprendente la falta de apoyo de los sindicatos, ya que con la salvedad de CCOO, que han llevado a cabo una enmienda a la totalidad, el resto de sindicatos no se ha pronunciado en contra del decreto, algo difícil de entender puesto que un sindicato independientemente de su ideología se supone que su razón de ser es el cuidado y defensa de los derechos de los trabajadores y en este caso parece ser que somos invisibles para ellos".