El juicio oral del conocido Caso Poniente cedió este jueves la palabra a la empresaria Isabel Carrasco, en la recta final de las sesiones de interrogatorios de los acusados en la presunta trama corrupta de El Ejido. La esposa del ex interventor municipal, José Alemán Bracho, defendió la legitimidad de su patrimonio y negó su participación en el cobro de comisiones irregulares procedentes de los fondos de Elsur.
Carrasco afirmó que sus ingresos procedían esencialmente de su nómina como funcionaria de El Ejido y de la gestión de una empresa de locutorios y comunicaciones llamada Viasol. Y frente a las acusaciones de un manejo millonario, ironizó. “Mi patrimonio es un local y dos pisos con sus garajes y trasteros, ese es mi gran patrimonio”, afirmó a preguntas de su defensa, el letrado Carlos Ferre.
Carrasco aparece en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal en dos vertientes, en su condición de esposa de José Alemán, uno de los principales señalados en la causa, y como socia del empresario Juan Antonio Galán, acusado por una presunta sobrefacturación en trabajos de sus subcontratas en Almerimar, Guardias Viejas y Balerma.
Patrimonio
La Fiscalía pide para la empresaria 85 años de cárcel por delitos fiscales y de malversación de caudales públicos. No obstante, el fiscal Jesús Gázquez ya ha pedido la prescripción de buena parte de los delitos contra la Hacienda Pública, lo que rebaja notablemente el punto de partida de la acusación contra Carrasco en el proceso.
Anticorrupción cree que las sociedades de Carrasco se utilizaron para desviar fondos procedentes de Elsur. Sin embargo, la acusada niega esas imputaciones y afirma que sus ingresos era legítimos y se gestaron mediante inversiones realizadas mucho antes de mantener un relación con su marido.
Preguntada por el abogado Carlos Ferre sobre la acusación de pagos de 2.500 euros mensuales procedentes de su marido desde 2004, Carrasco subrayó su independencia económica. “Ni fondos ilícitos ni lícitos, en el año 2004 yo no mantenía ninguna relación con mi actual marido, así que de ninguna de la maneras”, alegó. “Y a partir de 2005 tampoco porque yo no lo necesitaba. Si tuviera 2.500 euros mensuales a lo mejor me habría planteado una pequeña excedencia de mi trabajo como funcionaria”, continuó.
Además, Carrasco cargó contra el informe de la Hacienda Pública, sostenido como prueba de cargo en el Caso Poniente, y dice que los 2.500 euros eran “una estimación por su ritmo de vida” y “la cuenta de la vieja” del inspector. “Yo disponía y dispongo de fondos propios para mi consumo, no necesito dinero de nadie, creo que eso ya está más que superado por las mujeres”.
La acusación, en cambio, piensa que Carrasco sirvió como tapadera para la presunta ocultación de fondos procedentes de Elsur (unos 600.000 euros) y desviados gracias a la mediación de su marido, José Alemán. El ex interventor municipal de El Ejido insistió en su declaración en exonerarla de cualquier responsabilidad y subrayó su independencia económica.
El hermano de Alemán
Enrique Alemán, hermano del ex interventor municipal de El Ejido, también declaró este jueves en el juicio celebrado en el Palacio de Congresos de Aguadulce. El acusado, que respondió también a la Fiscalía, afirmó que no tenía ningún poder gestión en la sociedad Sistemas de Dirección de José Alemán y que estaba en el accionariado “para unos meses” y porque sus sobrinos “eran menores de edad”. “No he tenido tarjeta, ni poderes, ni he cobrado ni un duro, ni he tenido llave del despacho”, aseguró. “Yo no me he sentido nunca socio de Sistemas”. También aseguró que los pagos de José Alemán a su mujer (2.000 euros mensuales) eran por cuidar a madre y a su tía.
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