“Me presentó a un español, iba a ser mi pareja y a simular malos tratos”

José conoció a Mounia al calor del mes de junio en el mercadillo de La Mojonera y allí, entre la gente, se armó de valor para pedirle el teléfono. Doblaba la edad a la joven marroquí de 20 años, que apenas podía comunicarse por una suerte de gestos y palabras en español de supervivencia, pero consiguió conquistarla.

Mounia estuvo empleada en la campaña de la fresa en Huelva y, tras expirar su permiso de residencia temporal, había buscado una salida en la masa de invernaderos y alhóndigas que pueblan el Poniente almeriense. Ese verano trabajaba en una cooperativa agraria, sin ‘papeles’.

José adornaba su expediente con un puñado de detenciones por pequeños delitos contra el patrimonio y batallaba contra la enfermedad mental y la desintoxicación de las drogas. Aquella mañana dieron los pasos de una relación amorosa que duraría cuatro meses. O, al menos, esto contaron a la Guardia Civil.

El 15 de octubre de 2019, a las 20.35 horas, un aviso a la sala del 062 alertó de un incidente en el interior de un restaurante de Almerimar. La patrulla tardó 15 minutos y fue recibida a las puertas por una clienta alarmada por un episodio de violencia.  “Nos informa que en el interior del restaurante se encuentra una mujer llorando porque su novio le ha pegado y que el novio se encuentra fuera en las inmediaciones”, recogió el atestado consultado por LA VOZ DE ALMERÍA.

La Guardia Civil arrestó a José poco después y, en colaboración con la Policía Local de El Ejido, lo trasladó a dependencias policiales mientras auxiliaban a la víctima. La joven declaró ante los agentes que su novio le había agredido. “Me ha pegado un puñetazo en el brazo y otro en la cara”.

El informe médico acreditó dos hematomas en la pierna y en el brazo, aunque no mencionó ninguna herida en el rostro.
Mientras se instruían diligencias contra José por un presunto delito de violencia de género, se activaban todos los mecanismo de protección a la víctima. Dos semanas después solicitó su permiso de residencia por “circunstancias excepcionales”, tal y como contempla la normativa para auxiliar a quienes sufren malos tratos.

Las sospechas

Sin embargo, el caso levantó sospechas. El mercadillo de La Mojonera cambió por Las Norias de Daza y José no tenía la menor idea sobre el domicilio de su novia. Además, la mujer ofreció un relato poco detallado, casi de mínimos, como si quisiera provocar una condena leve. Y así fue, porque ni siquiera decretaron una orden de protección, para sorpresa de los implicados.

El 7 de noviembre, Mounia salió de un supermercado de Las Norias y se topó de nuevo con José. Una discusión por un anillo acabó con la chica sufriendo una bofetada en público y las bolsas de la compra desparramadas por el suelo. José declararía meses después ante la Policía Judicial de la Policía Nacional que había vuelto a “montar otro escenario” porque “no había terminado el trabajo”. No era pensaba en la agresión, sino en el teatro.

La historia, basada en las diligencias instruidas entre la Policía Nacional y la Guardia Civil en la llamada Operación Fres-Onu, tiene el respaldo de la confesión de José, aunque todavía no ha llegado a juicio. La investigación, a la que ha tenido acceso LA VOZ DE ALMERÍA, muestra el funcionamiento de una presunta red dedicada a parasitar la Ley de Violencia de Género, haciendo del dolor de las verdaderas víctimas una herramienta para conseguir beneficios económicos y prestaciones fraudulentas.

Un testigo identificado como F. resumió el mecanismo en una declaración prestada en la Comisaría Local de El Ejido. “Estaba en el centro de salud de El Ejido Norte para recoger la metadona y se me acercó un conocido mío llamado Joaquín. Me propuso ganarse unos 1.000 euros por inventarme que le pegaba a una morilla, haciéndome pasar por su pareja”, explicó el 24 de abril de 2020. “El día del juicio me iba a defender un abogado particular que ellos tenían buscado”.

Un informe emitido por la UCRIF de la Policía Nacional el 26 de enero de este año, al que ha tenido acceso LA VOZ, ahonda en esta red fraudulenta. Joaquín era presuntamente el coordinador de la captación de los falsos agresores, mientras un ciudadano marroquí en encargaría de localizar a las falsas víctimas.

“Los integrantes de la trama son aleccionados sobre la forma de proceder para simular un episodio de violencia de genero”, indica la UCRIF. “La fingida pareja se presenta en un lugar publico y simula una discusión, llegando finalmente por parte del hombre a realizar alguna agresión sobre la mujer en presencia de testigos para hacer así más creíble el fraude (...) el agresor permanece en el lugar y admite que agredió a su pareja, no oponiendo resistencia alguna a su detención”.

Los acusados acudían a espacios públicos “con afluencia de posibles testigos o cámaras de seguridad, normalmente terrazas de ca­feterías”. Además, los supuestos agresores captados tenían perfiles similares, “con mínimos estudios y  multirreincidente”.

Las víctimas falsas denunciaban y solicitaban luego la regularización administrativa y ayudas como la Renta Activa de Inserción “a los 15 o 20 días”, según la UCRIF.  Los agentes han arrestado a seis personas e investigado a otras 40 por presuntas denuncias falsas.

La oferta

La oferta de simular delitos corría por el Poniente.  Khalifa acudió a esos servicios, según una declaración prestada el 27 de abril de 2020. “Tuve conocimiento de que un hombre se encargaba de conseguir papeles, lo busqué y lo encontré por la calle Manolo Escobar de El Ejido. Me dijo que se encargaba de todo y que me iba a costar 4.000 euros. Cuando conseguí el dinero le llamé y me presentó a un español llamado Francisco, que iba a ser mi pareja sentimental y con el que tenía que simular una situación de malos tratos en la calle para conseguir papeles como víctima”. Ambos se fueron a Vícar a culminar el plan.

La investigación trata ahora de esclarecer cuántas falsas denuncias se presentaron presuntamente en el Poniente y cómo afectaron a la obtención de ayudas públicas. No es un mecanismo desconocido ni exclusivo de la violencia de género. Operaciones frecuentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Almería muestran fraudes laborales para conseguir prestaciones y subsidios, falsas denuncias para exprimir a los seguros o simulaciones para ocultar otros delitos.
Este caso persigue a quienes se aprovechan del dolor de las verdaderas víctimas y de la red de protección contra el maltrato.