Para que no se olvide

Cuarenta años después, el ‘Caso Almería’ sigue muy presente en la Memoria Histórica

Entierro de los asesinados en el Caso Almería. FOTO DE JOSÉ MULLOR.
Entierro de los asesinados en el Caso Almería. FOTO DE JOSÉ MULLOR.
Miguel Ángel Blanco Martín
07:00 • 09 may. 2021

Fue el 10 de mayo de 1981. Cuarenta años después, el ‘Caso Almería’ sigue muy presente en la Memoria Histórica. En Pechina, una familia almeriense se niega a olvidar. Fue TVE la primera en dar la noticia, en el Telediario del 10 de mayo de 1981, citando un avance informativo de la agencia France Press. Tres jóvenes, Juan Mañas Morales, 24 años. Luis Cobo Mier, 29 años, y Luis Montero García, 33 años, habían muerto en el kilómetro 8 de la carretera provincial de Gérgal. Dentro de la confusión reinante, oficialmente se habla de que pudiera tratarse de los miembros del comando de ETA que había atentado contra el Teniente General Valenzuela en Madrid, el 7 de mayo, formado por José María Bereciartúa Echarri ‘Chema’, José León Mazustra Astibia ‘Fresku’ y José Andrés Izaguirre Gogorza ‘Gogor’.



El mismo día en que se da la noticia de las muertes, José Mañas Cazorla visitaba las oficinas de la Comisaría y el Cuartel de la Guardia Civil en la capital, preguntando por el paradero de su hijo Juan y de unos amigos, que faltaban desde el fin de semana de la casa de Pechina. Los tres jóvenes procedían de Santander, y vinieron a Pechina para asistir a la primera comunión de un hermano de Juan Mañas. La prensa del día 12 adelanta ya la noticia de que los tres jóvenes pueden ser el resultado de “un trágico error”. Portada de la prensa diaria del día 12: “Los tres muertos en la madrugada del domingo no eran terroristas”.



Los tres jóvenes aparecieron muertos, con los cuerpos carbonizados y con numerosos disparos. La información oficial de la Guardia Civil insistió en que se trataba de un intento de fuga, cuando eran conducidos a Madrid dentro de un vehículo, en una caravana en la madrugada del 9 al 10 de mayo. 



El ministro del Interior, Juan José Rosón (gobierno de UCD), compareció en el Congreso de Diputados e insistió en la tesis del trágico error, por una confusión en la identidad de las víctimas y negó que se hubieran producido torturas y malos tratos. Y también proclamó su rechazo a la pena de muerte. El informe de Rosón no convenció a la izquierda (socialistas y comunistas), que pidió su dimisión. Carlos Sanjuán (Psoe) acusó al Gobierno de estar encubriendo un crimen.



En diciembre de 1981, Rosón viaja a Almería, ante la situación, “la respuesta de las Fuerzas de Seguridad es constitucional”. Y no faltaron sus alusiones al papel ejercido por los medios de comunicación: “Creo que desgraciadamente, el Caso Almería ha tenido demasiadas informaciones y noticias complementarias que tendrán que ser depuradas”.



Juicio



Tras el suceso trágico, hubo nombramiento de un juez especial, José Tortosa, para la fase sumarial. Fueron procesados: el teniente coronel Carlos Castillo Quero, el teniente Manuel Gómez Torres y el guardia-conductor Manuel Fernández Llamas.



En 1982 se celebró el juicio, uno de los más largos de la historia procesal española, dos meses. La Audiencia Provincial estuvo presidida por el magistrado José Rodríguez Jiménez, que con antelación había llevado el sumario de El Lute. Los tres procesados fueron condenados por tres delitos de homicidio a las siguientes penas de prisión mayor: Castillo Quero, a 24 años; Manuel Gómez Torres, a 15 años; y Manuel Fernández Llamas, a 12 años. Y también a indemnizar a las víctimas. Los condenados recurrieron ante el Tribunal Supremo, que en mayo de 1983 ratificaba la sentencia de la Audiencia almeriense, y aceptó la eximente incompleta de cumplimiento del deber, en el caso del Teniente Coronel, y de obediencia debida en los otros dos. También fija definitivamente la cantidad de 4 millones de pesetas de indemnización a los familiares de cada una de las víctimas. En noviembre de 1983, el Tribunal Constitucional rechazaba el recurso de amparo.


La Audiencia Provincial hizo la liquidación de sentencia a finales de 1983, una vez que el Tribunal Constitucional rechazó el recurso de amparo de los condenados.  En 1985, ya con gobierno socialista, el ministro de Defensa, Narcis Serra, anunció oficialmente la expulsión de la Guardia Civil de los tres condenados.


Castillo Quero tendría que cumplir sentencia hasta el 18 de junio de 2005; Gómez Torres, hasta el 20 de junio de 1996; y Fernández Llamas, hasta el 21 de junio de 1993. Después de una fase de estar en prisión militar, lo que fue impugnado por la acusación, los condenados ingresaron en el Centro Penitenciario de Guadalajara. Castillo Quero salió en libertad condicional en 1992 y falleció en 1994 en Córdoba. Fernández Llamas y Gómez Torres salieron en libertad tras la aplicación de beneficios por trabajo, estudios, buena conducta, en 1992.


Dolor en Pechina

Todos los años, cada 10 de mayo, el kilómetro 8 de la carretera de Gérgal es el lugar de concentración en torno a un monumento funerario levantado por suscripción popular. Una placa de mármol recuerda: “En este lugar aparecieron calcinados los cuerpos de Juan Mañas Morales, de 24 años de dad, Luis Cobo Mier, de 29 años de edad, Luis Montero García, de 33 años de edad, en extrañas circunstancias. Vuestros padres, hermanos, familiares y amigos no os olvidarán jamás. D.E.P.”


A la madre de Juan Mañas, María Morales, el paso del tiempo no ha hecho mella en su dolor: “Lo que reclamamos por la muerte de mi hijo es que se haga justicia. En estos no me he cansado de repetirlo, que a mi hijo lo mataron tres veces, a palos, a tiros y luego quemado, como a sus amigos, y sin haber hecho nada”.


María Morales conoce la verdad de lo que ocurrió con su hijo. “Sabemos lo que pasó de una forma curiosa. En aquellos días, un señor que nunca hemos sabido quién era, se acercó en un bar a mi hijo el mayor, y le dijo que sabía cómo había muerto su hermano. Le pegaron con la culata de un arma en la cara y cayó muerto en el acto, en el interrogatorio”.


En 1984, la familia recibió  un escrito de un guardia civil, que no se identifica, en el que explica las circunstancias reales de la muerte de los tres jóvenes, dando nombres de los guardias civiles que intervinieron, “fueron detenidos en Roquetas de Mar, los trajeron a la Comandancia, con grande medidas de seguridad, acto seguido los trasladaron al Cuartel de Casafuerte, junto al aeropuerto, donde fueron sometidos a interrogatorio…” Allí fueron torturados, “y los mataron con un tiro de pistola”. De ahí trasladaron los cuerpos de los tres jóvenes en un vehículo y en la carretera de Gérgal se produce la simulación de un intento de fuga, ametrallaron con una metralleta los tres cuerpos y después se prendió fuego al coche con una lata de gasolina.


En esta carta, el autor (“guardia civil pero no asesino”) dice que “los guardias que no éramos adictos a estos asesinos, a algunos de ello los han trasladado de puesto, como a uno del aeropuerto que dijo en un bar que el chico d Pechina era buena persona, este guardia fue arrestado inmediatamente y trasladado con urgencia a Pozo del Esparto”.


Hace unos años recibieron una notificación de la Guardia Civil para acudir al Ayuntamiento de Pechina, y allí se les pidió que declararan si estaban o no conformes con la petición de indulto que había pedido el guardia condenado Fernández Llamas. “Cómo íbamos a estar conformes”. 


María Morales recuerda también que, durante la celebración del juicio, “hablé por teléfono con Alfonso Guerra, que llamo al Ayuntamiento de Pechina. Me preguntó qué me parecía todo. Y también habló con nosotros Carlos Sanjuán”. 


Mientras tanto, en su casa de Pechina, los cuatro hermanos de Juan no olvidan, especialmente el pequeño Francisco Javier. En 1981 hizo la Primera Comunión y en la Misa pidió públicamente que apareciera su hermano, que al final no pudo asistir.


El día 12 fue el entierro de Juan Mañas en el cementerio de Pechina, en medio de una gran tensión y dolor.


Y María Morales, entre llantos, repite incansable desde entonces: “No ha habido justicia, no hay derecho”.



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