Una organización criminal de guante blanco urdió un plan sin precedentes para la apropiación de fondos de administraciones, empresas y particulares. Entre los años 2016 y 2018, la banda desangró las cuentas de más de 700 víctimas haciendo uso de una combinación de técnicas criminales desconocida hasta ahora, capaz de simular servicios con instituciones públicas, robar datos bancarios o estafar a veraneantes en alquileres. Un paquete de fraudes, engaños y falsificaciones.
El caso acaba de cerrarse en los tribunales con penas de prisión para 41 acusados por delitos de pertenencia a organización criminal, falsificación de documentos oficiales y estafa. Entre las víctimas se encuentra el Ayuntamiento de Almería.
Dos sentencias de la Audiencia Nacional y una tercera de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo detallan el mecanismo utilizado por la banda para hacerse con dinero de las arcas públicas almerienses.
El grupo realizó un seguimiento de páginas oficiales y boletines para rastrear contratos municipales susceptibles de una suplantación. La idea era recopilar todos los datos posibles de la relación entre el Ayuntamiento y el proveedor para reproducir la comunicación entre ambos. Y cobrar.
“Las obtenciones de dinero de las Administraciones públicas requerían una cualificación técnica considerable”, señala la Audiencia Nacional. “Los acusados, según el reparto de funciones, realizaron un estudio con el fin de conocer los contratos que dichas entidades públicas tenían con proveedores y empresas que les suministraban servicios”.
El segundo paso era contactar con la víctima. Los acusados usaron un email de una empresa de servicios ambientales proveedora del Ayuntamiento de Almería y le solicitaron el abono de facturas a una cuenta bancaria. Para dar veracidad, aportaron “documentos y certificados” con” firmas de apariencia manuscrita”.
Según las diligencias, una acusada abrió una cuenta bancaria en Bankia el 11 de agosto de 2017 “para servir de destino de los fondos obtenidos”. El Ayuntamiento de Almería ingresó 33.000 euros que nunca recuperó, como otros 23 organismos públicos repartidos por toda España.
“Simulando ser el proveedor, llamaban a la entidad o le dirigían un correo electrónico comunicándole que iban a cambiar su número de cuenta habitual, por lo que los servicios prestados deberían ser abonados, a partir de entonces, en la nueva cuenta”.
Seguir el rastro del dinero era sencillo en primera instancia porque la acusada utilizó su propio nombre en las sucursales, pero luego el líquido desaparecía. La organización criminal tenía cientos de cuentas.
Alquileres turísticos
La organización criminal tenía cientos de cuentas en distintas entidades y acudían a “mulas” para realizar reintegros en cajeros automáticos. El dinero se movía varias veces hasta esfumarse.
El importe total del fraude a entidades públicas supera los 1,6 millones de euros. Hay que añadir la estafa a ciudadanos que contrataron pisos turísticos en portales de Internet que nunca pudieron aprovechar o a víctimas de robos de datos bancarios de sus tarjetas o conductores que compraron vehículos que nunca pilotaron. Más de 30 acusados aceptaron penas menores tras aceptar la autoría de los hechos. Los jefes han sido condenados ahora en firme en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
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