El indulto ‘salva’ en los últimos 25 años a 48 almerienses condenados

La discusión sobre la legitimidad de la concesión de los indultos reaparece periódicamente en la opinión pública de la mano de casos de enorme impacto social y político.  Asuntos como las condenas a los independentistas catalanes o la reciente sentencia contra la granadina Juana Rivas mueven el debate sobre las posibles injerencias del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y, al contrario, sobre los excesos en la aplicación del Código Penal.

Sin embargo, los indultos no son un fenómeno reciente ni esporádico ni exclusivo de una tendencia ideológica. Se reparten en proporciones parecidas entre los distintos gobiernos y afectan a delitos diversos, incluidos procesos de corrupción.
La Ley de la Gracia de Indulto tiene un siglo y medio de vida. Nació en 1870 como una fórmula para corregir los los “rarísimos casos” de excesos legales, apelando a criterios de “justicia, equidad o utilidad pública”.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) solo publica los expedientes desde el año 1996 y nunca explica las razones de la decisión. En estos 25 años los distintos gobiernos nacionales han aprobado la amnistía a 48 personas penadas en la provincia de Almería.

Los últimos beneficiarios son un matrimonio y su hija indultados por el Consejo de Ministros el 25 de enero de 2019. El Juzgado de lo Penal número Cinco de Almería condenó a J. G., M. M. y M. G. a dos años y seis meses de prisión por insolvencia punible.

Según la sentencia judicial, consultada por LA VOZ, el agricultor J. G. tenía “dificultades económicas” y suscribió con Agroponiente S.A. “un reconocimiento de deuda por importe de 109.283,57 euros, derivada de los productos suministrados y no abonados”.

El Gobierno consideró la petición de amnistía y eliminó seis meses de sus condenas para permitir que asumieran sus responsabilidades penales y civiles sin necesidad de ingresar en prisión.  En España se han concedido más de 10.000 indultos en las últimas dos décadas. La mayoría corresponde a amnistías parciales por delitos comunes. Ahora bien, no faltan los políticos.

Desde 1996, tres alcaldes almerienses se beneficiaron de la gracia del Ejecutivo en una decisión siempre rodeada de polémica.  Bartolomé Soler, ex regidor socialista de Antas, fue condenado el 12 de abril de 2000 a una pena de ocho años y medio de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación al negar información a la oposición en el municipio. Se firmó el indulto en mayo de 2005.

Cristóbal Fernández, ex alcalde socialista de Carboneras, por condenado por la Audiencia Provincial de Almería en febrero de 2005 por un delito electoral a la pena de seis meses de inhabilitación para desempeño de cargo público. Estaba acusado de un delito electoral por presionar a un ciudadano. López Aguilar firmó su exoneración en diciembre de 2006.

Campañas

Un año después, el mismo ministro ordenó el indulto de Arturo Grima, alcalde del PP en Turre. Los hechos eran más antiguos y se remontaban a 1995. El regidor fue condenado a seis años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación administrativa.

Ahora bien, la historia de los indultos está repleta de ciudadanos anónimos, delitos comunes e intentos fallidos. Las campañas ciudadanas no ha tenido necesariamente una respuesta favorable de los Consejos de Ministros apelados. Ni la recogida masiva de firmas ni los pronunciamientos públicos de autoridades tienen una traducción inmediata en la decisión. De hecho, algunas episodios demuestran que el ‘ruido’ alrededor de los expedientes no siempre ayuda a otorgar esta medida.