La misión casi imposible de celebrar un juicio en Almería

El sistema circulatorio de los juzgados almerienses sufre una obstrucción silenciosa. El bombeo constante de nuevos procedimientos choca con una acumulación de retrasos, aplazamientos y suspensiones. Un bloqueo. Un atasco. 

Los males endémicos de la administración de justicia y el efecto transversal de la pandemia se combinan dolorosamente. Y cumplir con la agenda de señalamientos se ha convertido en una misión casi imposible en los últimos meses.

Según datos oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el año pasado se suspendió en la provincia de Almería el 45 por ciento de los señalamientos programados. 

Son 12.500 actos procesales que tuvieron que buscar un nuevo hueco en el calendario, con el consiguiente trastorno para el trabajo de los operadores jurídicos implicados.  De ellos, 2.500 corresponden a la jurisdicción penal y casi 6.000 a la jurisdicción civil y 2.600 en la jurisdicción social. Este último ámbito es especialmente sensible a los efectos de la crisis sanitaria porque aborda los procesos laborales vinculados con ERTEs, EREs, despidos y reclamaciones de cantidad.

Durante los tres meses iniciales del estado de alarma, en el inicio de la pandemia, se anuló el 90 por ciento de los actos previstos en la provincia de Almería. Luego la actividad se retomó con dificultades y las suspensiones siguieron haciendo mella, más allá de las prevenciones del coronavirus. Dicho de otro modo, el virus no es el único factor y los problemas son anteriores a la irrupción de la crisis sanitaria.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, recordó en la memoria anual el trastorno provocado por la sucesión de retrasos.  “Un año más, comentamos esta grave incidencia que constituye, sin duda, un obstáculo para la buena marcha de un juzgado y prolonga en exceso el tiempo de finalización del proceso”. 

“Disfunciones”

Esta queja del TSJA es reiterada en los últimos años. “Se pone de manifiesto la necesidad de intensificar el control de los posibles defectos procesales en las fases del procedimiento previas al juicio o vista, así como llevar a cabo cambios estructurales en la organización de las oficinas judiciales”.

Según el informe presentado por  Lorenzo del Río, “las suspensiones constituyen, sin duda, una grave disfunción comentada año tras año, ya que a la problemática existente con relación al nivel de pendencia, la suspensión del juicio o vista señalada conlleva que el hueco que estaba previsto para ese día no pueda cubrirse con la inclusión de otro juicio o señalamiento, con el consiguiente perjuicio para la buena eficiencia del servicio público”. “Se deberían tomar medidas de optimización de la agenda de señalamientos en los órganos de este orden jurisdiccional, previo examen de la bolsa de asuntos pendientes, acumulando todos los asuntos”, añade.

La memoria del TSJA recogía también las demandas de los propios jueces y magistrados sobre aspectos organizativos que afectaban directamente al desarrollo del trabajo.

Algunas de estas demandas apelan directamente a la Junta de Andalucía, por su competencia sobre las plantillas. Se “quejan amargamente” de los “cambios constantes en la plantilla de los juzgados y retrasos en la cobertura de vacantes”.

También critican que “no es suficiente ni efectivo el sistema informático de control de horario”, que califican de “más aparente que real”. Y más aún, destacan “la falta de coordinación de la Consejería o sus Delegaciones Provinciales con los Letrados de la Administración de Justicia en relación con permisos, vacaciones, asistencias a cursos de formación, etc., lo que hace difícil una programación del trabajo racional y con previsiones temporales”.

Todos estos problemas afectan directamente a la celeridad en la resolución de los procesos, en el número de casos pendientes y, por ende, en la eficiencia económica del sistema. Apelan no solo a jueces, fiscales secretarios y funcionarios, sino también a abogados, procuradores, graduados sociales y a los propios ciudadanos inmersos en los asuntos.

Desde el inicio de la pandemia, la Junta de Andalucía, en coordinación con los jueces decanos, tomó medidas en los ocho partidos judiciales de la provincia de Almería para adoptar medidas preventivas. Las salas cuentan con mamparas, separación y limitaciones de aforo, además de otras soluciones profilácticas contra el covid-19.