El Juzgado de Instrucción número Seis de Almería ha traspasado a un órgano de la Comunidad de Madrid la investigación sobre una estafa de medio millón de euros a una empresa de plásticos mediante el método conocido como “man in the middle”.
El fraude, basado en el uso de ‘mulas financieras’, se ha extendido en los últimos meses y ofrece un puñado de investigaciones judiciales que salpican a instituciones y empresas de la provincia de Almería. Los delincuentes captan información de operaciones comerciales reales, a veces solo consultando un boletín oficial o un contrato público, y luego suplantan la identidad del beneficiario.
Las organizaciones remiten un correo electrónico con la imagen corporativa de la empresa y solicitan el ingreso en una nueva cuenta bancaria. Como los datos del contrato son reales y coinciden con trabajos verificados, las víctimas aprueban el pago sin sospechas. “El estafador se interpone entre los mensajes de correo electrónico de dos empresas y suplanta la identidad de una de ellas, cambiando el número de cuenta bancaria de destino y valor de la compraventa”, explican las diligencias.
En este caso, el Juzgado de Instrucción número Seis de Almería recibió la denuncia de una sociedad que habría perdido unos 476.000 euros tras sufrir una estafa informática de estas características. La investigación confirmó que la sociedad víctima realizó transferencias bancarias a una cuenta de Cajamar abierta en Almería.
Suplantación
La empresa beneficiaria de las cantidades, dedicada al sector del tratamiento de residuos agrícolas y la transformación de plásticos, estaba domiciliada en Almería. La organización criminal suplantó su imagen y solicitó diversos pagos.
Para dar veracidad utilizó una cuenta en la provincia, donde el “man in the middle”, un intermediario, debía recoger el dinero y entregarlo a terceros a cambio de una mordida. Es la llamada ‘mula financiera’ o ‘mula económica’, el responsable de cobrar el dinero y hacerlo desaparecer sin revelar la identidad de los verdaderos promotores del engaño. Esta persona asume el riesgo de la detención, puesto que es el primero en ser detectado por las fuerzas de seguridad por los reintegros bancarios.
Las pesquisas identificaron al receptor, la persona que presuntamente cobró el dinero en la cuenta. No obstante, el motor de la estafa está radicado en la Comunidad de Madrid. Los agentes detectaron una dirección de IP en la capital del país desde donde se emitieron los correos electrónicos trampa. La cuenta domiciliada en Almería es la cuenta de tránsito del dinero.
La Audiencia Nacional ha juzgado recientemente a varios acusados de participar en un fraude masivo a instituciones públicas mediante el mismo sistema. Entre los afectados estaba el Ayuntamiento de Almería, que pagó 33.000 euros a los estafadores en el convencimiento de que abonaba una factura real a un proveedor.
En ese caso hubo 700 víctimas entre empresas e instituciones públicas. “Las obtenciones de dinero de las Administraciones públicas requerían una cualificación técnica considerable”, señaló la Audiencia Nacional en dos resoluciones, luego avaladas en el Supremo. “Los acusados, según el reparto de funciones, realizaron un estudio con el fin de conocer los contratos que dichas entidades públicas tenían con proveedores y empresas que les suministraban servicios”.
También se han detectado al menos dos casos similares a sociedades radicadas en la provincia o que operaron en Almería. Todas ellas tienen en común la publicación la utilización de datos reales de contrataciones o servicios.
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