De la ley a la realidad: el espejismo de la participación

Almería como gran ciudad cumple su mayoría de edad. Era el año 2003 cuando la necesidad de la participación ciudadana en la toma de decisiones en los diferentes estamentos administrativos se convirtió en uno de esos mantras que llenan los discursos políticos. Lo hizo hasta derivar en la aprobación de la Ley de Grandes Ciudades cuyo principal objetivo, más allá de una agilización de la gestión, estaba justo ahí, en dejar que los vecinos ‘gestionaran’ también su ciudad y no solo depositara un voto cada cuatro años.

Con esta premisa, la ciudad de Almería encaraba un proceso de modernización con la llegada también de un nuevo equipo de Gobierno, el formado por el Partido Popular de Luis Rogelio Rodríguez-Comendador y aquel grupo independiente que fue GIAL de la mano de Juan Megino. Había que cumplir con la ley y tocaba reorganizar la participación ciudadana.

Fue entonces cuando nació la Concejalía de Participación Ciudadana y de ella, el inicio de todo un proceso de adaptación municipal que cambió las competencias del Pleno y las de la Junta de Gobierno. Hubo que actualizar reglamentos, cambiar los consejos locales sectoriales para que cumplieran con la normativa y lo más importante, comenzar el trabajo para que la ciudad pudiera dividirse en distritos que agilizaran la gestión y la participación, llegaban los denominados ‘diagnósticos participativos’.

Encuentros

Durante unos años las asociaciones de todo tipo estuvieron sumergidas en encuentros, análisis de la realidad del barrio en el que trabajaban, se establecieron límites en la ciudad y se constituyeron tres distritos: Poniente, Levante y Bahía, los mismos que estuvieron funcionando hasta agosto de 2020. Una vez confeccionados, llegó el turno de organizarlos a través de las llamadas Juntas de Distrito en las que obtendrían representación los diferentes colectivos de cada zona, así como los representantes políticos del equipo de Gobierno (encabezados por el concejal responsable del distrito), y la oposición. Estas Juntas de Distrito nacieron con la intención de ser las que velaran por el mantenimiento del barrio, para tener un contacto directo con los munícipes y, sobre todo, para que ante cualquier proyecto siempre hubiera consenso. Evidentemente la elección de los representantes en esa mesa era fundamental y ya, en las primeras elecciones de los vecinos y los primeros cupos de representación de la oposición, llegaron los primeros roces. Y es que todos querían ‘controlar’ la mesa sacando a relucir las luchas internas entre las asociaciones y las que siempre tienen abiertas los partidos.

Si el objetivo de estos órganos era tener un contacto directo, permanente y continuado entre concejales de distrito y los colectivos sociales para el trabajo conjunto por el barrio, ya fuera para el mantenimiento del mismo, para solicitar actuaciones de mayor envergadura, establecer el futuro de la zona e incluso para mediar con otras administraciones, lo cierto es que nunca ha sido así. Son pocas las reuniones que mantienen, se centran en actuaciones específicas y no sirven para trazar planes a medio o largo plazo.

Sea como sea, mientras las juntas están ahí funcionando a trancas y barrancas, lo que ya no funciona es otro órgano nacido al principio de esta revolución participativa: el Comité Vecinal porque, literalmente, sus miembros denuncian que no se les tiene en cuenta. En él estaban representados los vecinos y su objetivo era coordinar las cuestiones sobre las que tendría que decidir la ciudadanía. 

El primer encargo que les tocaría gestionar, y casi el único, sería la confección del presupuesto participativo, o mejor dicho, establecer las prioridades que tenían los colectivos sociales para gastar hasta un millón de euros del presupuesto. Durante algunos años trabajarían con las diferentes asociaciones en esos listados, con más o menos cumplimientos por parte de la administración, hasta que llegara la crisis económica en la que empezó rebajándose la cifra a repartir para acabar desapareciendo. Pronto este Comité Vecinal quedaría casi sin competencias y se dividiría en diferentes actores: juntas de distrito, reuniones sectoriales y propuestas de los vecinos vía telemática. Así los primeros reparten algo menos de 250.000 euros en actuaciones para cada zona, los segundos le presentan la carta a los Reyes Magos del Ayuntamiento cada año mientras confeccionan las cuentas, y los terceros envían sus peticiones a la espera de que alguien les escuche, y en algunos casos, así es.

Consejo Social de la Ciudad

Poco después del comité, y entre mucha expectación porque todo el que era alguien en Almería quería estar, se ponía en marcha el Consejo Social de la ciudad. Este consejo tiene la misión de debatir y asesorar al Ayuntamiento ante los planes de futuro que se tienen para Almería. Allí se encuentran representados los colegios profesionales, las administraciones públicas, la Universidad de Almería, representantes de los empresarios y trabajadores, asociaciones vecinales, partidos políticos… Un nutrido grupo de la flor y nata de la capital. La realidad es que al final, este consejo se ha reunido pocas veces, y más que consultarles se les han expuesto los planes ya existentes. Tal es el caso del puerto-ciudad o del plan estratégico por lo tanto cumple con su misión solamente a medias.

Lo que sí funciona es la comisión de quejas y sugerencias. Este organismo siempre ha tenido el mismo fin, recoger las denuncias y propuestas de los vecinos para darles solución y respuesta. Es posible que las reuniones no se produzcan con la asiduidad y agilidad esperada, pero ahí está, recogiendo las quejas.

Algo similar ocurre con los consejos locales de comercio, mujer, inmigración, discapacidad, agricultura, turismo… y los que van llegando según necesidad. Estar están, se reúnen en su mayoría una vez al año, a menos que haya un problema concreto y se activen como sucedió con el agrícola para el tema del agua o el de comercio para analizar la desbandada de tiendas del centro. Esto supone que, a la hora de la verdad, tengan menos utilidad que la esperada y lo que debería ser el punto de encuentro de esos sectores entre ellos y el Ayuntamiento, no se produce y todo contacto llega a través de reuniones a nivel bilateral.

Lo que no ha llegado, pero parece que está en vías de hacerlo, es el Consejo General de Participación Ciudadana. Ahora, este tiempo después, se ha abierto el plazo de consulta pública previa a la elaboración de un proyecto de reglamento del Consejo General de Participación Ciudadana, otro órgano consultivo de participación, información y formulación de propuestas sobre actuaciones, iniciativas y acciones derivadas de las competencias municipales.  Además, sirve para coordinar y analizar las propuestas de actuaciones que afectan al conjunto de la ciudad.

Defensor de los almerienses

Tampoco ha llegado, y pocos visos hay de que se ponga en marcha, es la Oficina del Defensor del Ciudadano y la figura del propio defensor. Se ha demandado por algunos partidos políticos y por el movimiento vecinal, pero de momento, no parece que haya interés.

Haciendo este repaso por la situación de la participación ciudadana se ponen de manifiesto varias cosas: la primera, que efectivamente existen muchos órganos que deberían ser los encargados de esa participación efectiva en la capital almeriense. La segunda, que la mayoría de ellos están aletargados y que no cumplen con la misión de asesorar y colaborar en la gestión para la que en su día fueron concebidos. Y la tercera, es que al final, la Ley de Grandes Ciudades que estaba llamada a moverlo todo, lo hizo, pero fue para que nada cambiara.