Almería prepara su tribunal para resolver recursos de contratación

Hasta ahora la decisión ante las demandas de las empresas las toma el tribunal de la Junta

Fachada del edificio del Ayuntamiento de Almería
Fachada del edificio del Ayuntamiento de Almería La Voz
Lola González
20:40 • 26 ene. 2022 / actualizado a las 22:18 • 26 ene. 2022

Los recursos a las contrataciones municipales por parte de las empresas que participan en los procesos de licitación o incluso que no lo hacen, han proliferado en los últimos años y han supuesto que muchos de los procedimientos administrativos hayan sufrido grandes retrasos.



Y es que estos recursos se han dirimido hasta ahora en el Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, un organismo que atiende a un gran volumen de municipios y que padece la saturación propia de esta ‘avalancha’ de asuntos. Tanto es así que, según las cuentas municipales, tardan entre tres y ocho meses en resolver los recursos que les llegan.



Ante esta situación, la necesidad de acortar plazos, y teniendo en cuenta que Almería era la única capital de provincia andaluza que no contaba con un organismo de este tipo propio, el Consistorio ha iniciado el procedimiento para poner en marcha el Tribunal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento. 



Para ello se ha elaborado un reglamento, que se ha aprobado de forma provisional y que se encuentra en información pública y periodo de alegaciones durante 30 días hábiles desde hoy. Explica la concejal de Presidencia, María del Mar Vázquez, que el objetivo principal de poner en marcha el tribunal es “agilizar los procedimientos” y ponerse al nivel del resto de las capitales.



Este órgano será competente en resolver los recursos especiales en materia de contratación cuando se trate de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros, y de suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a cien mil euros.



También decidirá sobre los recursos en concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado supere los tres millones de euros, contratos administrativos especiales cuando, por sus características, no sea posible fijar su precio de licitación o, en otro caso, cuando su valor estimado sea superior al establecido para los contratos de servicios.



Además, puede adoptar las decisiones pertinentes sobre las medidas cautelares o provisionales que se puedan solicitar por las personas legitimadas en los procedimientos establecidos y resolver las reclamaciones fundadas en causas de nulidad que se interpongan.



Formación
¿Y quién formará este tribunal? Según explica la concejal de Presidencia, “el tribunal comenzará a andar con una sola persona al frente y después, si hay un aumento del volumen de asuntos, se decidirá si es necesario el nombrar vocales que colaboren a la toma de decisiones”.


La persona que deberá estar al frente de este organismo debe ser funcionario, externo al Ayuntamiento de Almería, que cuente con más de tres años de experiencia en materia de contratación y que “cuente con conocimientos actualizados en ella, ya que es un área cuya legislación cambia continuamente”, explica Vázquez.


Una vez que transcurra el periodo de información pública y se respondan las alegaciones, el reglamento se aprobará de forma definitiva y será el momento de realizar la selección de la persona que se haga cargo del tribunal. Un procedimiento para el que se ha elevado consulta a los servicios jurídicos municipales para seguir las pautas adecuadas.


Seis recursos al año

La necesidad de poner en marcha un tribunal que resuelva los recursos contractuales propio está justificada en los datos de procedimiento que han contado con este tipo de demandas. Así, desde que entrara en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, se han tramitado 50 expedientes de contratación susceptibles de recurso especial, la mayor parte contratos de servicios. De ellos, se han recurrido un total de 15 expedientes con 24 recursos especiales presentados entre 2018 y 2021. Esto equivale a una media de seis recursos por año.


En estos momentos están recurridos ante el tribunal de la Junta los contratos de los servicios de atención en las bibliotecas, la atención telemática, la contratación de los vigilantes de las instalaciones culturales, así como la contratación del servicio de socorrismo.


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