Un grupo de empresarios espera 12 años un juicio por fraude fiscal

Un grupo de 15 pequeños empresarios dedicados al transporte de mercancías y la importación y distribución de productos procedentes de China lleva 12 años esperando la celebración de un juicio por un presunto fraude a la Hacienda Pública. La Fiscalía solicita penas de cuatro años y medio de cárcel para los dos administradores de una sociedad radicada en la localidad almeriense de Pulpí y dedicada “a la venta de productos de regalos promocionales, publicitarios y de empresa” en España y Portugal. Se les acusa de falsear la facturación del ejercicio fiscal 2005 para eludir el pago del impuesto de sociedades.

Junto a ellos, el Ministerio Público pide penas de tres años de prisión para 13  proveedores de empresas de transporte de mercancías y embalajes por emitir presuntamente facturas irregulares por un valor total de 1,3 millones de euros. Según el escrito de acusación, la empresa pulpileña realizó una declaración de la renta en 2006 donde se reflejaron ventas por valor de 20 millones de euros, IVA incluido, con más de 1.400 clientes.  Además, compraron bienes y servicios, según la declaración, a 113 proveedores por una cuantía de 10,6 millones de euros. 

Cree la acusación pública que las cantidades no se corresponden a la realidad de la actividad comercial y que, en realidad, estaban alteradas para eludir el pago de impuestos. Para ello, siempre según la Fiscalía, los proveedores emitieron facturas falseadas. “Los acusados, a sabiendas de la falsedad de las facturas, así como de los gastos que en ellas se reflejaban, contabilizaron y dedujeron en dicha declaración las cantidades”,  señala el escrito en alusión a 950.000 euros de materiales y 350.000 euros de transportes de los productos.
“Los gastos expuestos no se corresponden con entregas efectivas de bienes ni con la realización de servicios de transportes de mercancías”, añade el Ministerio Público.

Los presuntos cooperadores están imputados por un presunto delito continuado de falsedad documental y proceden en su mayoría de Murcia, Almería, Granada y Jaén. “Confeccionaron a sabiendas de su falsedad facturas en concepto de ventas de mercancías (...) sabiendo que serían utilizadas para defraudar a la Hacienda Pública”.

Para 2023

A pesar de que los hechos corresponden al ejercicio fiscal 2005, las actuaciones comenzaron en 2011, según el número de procedimiento del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Huércal-Overa.  Además, en este periplo ha sufrido varios aplazamientos. La última fecha señalada para la celebración del juicio es septiembre del año 2023, según un auto del Juzgado de lo Penal número Tres de Almería consultado por LA VOZ.

Esta situación ha provocado el malestar entre algunos de los afectados que llevan más de un década esperando poder defenderse en los tribunales. “El retraso se produce por situaciones injustificables y consideramos que existen unas dilaciones indebidas mayúsculas”, expone el letrado Antonio Ruiz, defensa de uno de los acusados y ejemplo de este malestar.

“Entendemos que la Justicia tiene sus plazos, pero la  declaración de mi representado se hizo hace más de diez años”, lamenta Antonio Ruiz. Advierte, además, de los daños personales y familiares que produce la incertidumbre de un proceso alargado excesivamente en el tiempo.

 La Abogacía del Estado también se ha presentado como acusación en nombre de la Agencia Tributaria. Además de las penas de prisión, se solicitan responsabilidades civiles por las cantidades presuntamente defraudadas en el periodo investigado.