Solo 1 de 86 obras públicas se para en Almería por la subida de materiales

Las administraciones se lanzan en cascada a revisar precios para evitar suspensión de contratos

La subida de las materias primas fue el argumento de las constructoras para revisar hace casi un año los contratos de las obras del AVE en Almería
La subida de las materias primas fue el argumento de las constructoras para revisar hace casi un año los contratos de las obras del AVE en Almería Juan Sánchez
Simón Ruiz
20:59 • 22 may. 2022

La subida de materiales en la contrucción solo ha paralizado 1 de las 86 obras públicas que se han puesto en marcha en el primer trimestre de este año. Un informe de la asociación que agrupa a los contratistas andaluces (Fadeco) revela que solo se ha declarado desierta una obra pública y que la medida ha sido acordada por un ayuntamiento almeriense, sin especificarse en el documento ni de qué obra se trata ni de qué consistorio.



Asimismo, se destaca desde Fadeco que Almería se mantiene como la segunda provincia en la comunidad autónoma con mayor volumen de obra pública adjudicado entre los meses de enero y marzo de 2022. En concreto, salieron a licitación obras por importe de más de 63 millones de euros y se adjudicaron los trabajos por 52 millones, lo que apunta a una baja media en los presupuestos de un 17 por ciento. Ahora se pretende la revisión de contratos para subir las adjudicaciones un 20 por ciento, es decir, que las administraciones no ahorrarán tanto como estaba previsto hace unos meses.



Ese volumen de obra pública adjudicada en Almería solo ha sido superado por Sevilla, que cuantifica casi 89 millones de euros adjudicados a empresas de la construcción.



De las 86 obras públicas de Almería, solo ha quedado desierta una que salió a licitación por 131.020 euros. Y entre las provincias, solo Jaén aparece como la única que no suma contratos que han quedado desiertos. Málaga lidera el ranking con 15 obras no adjudicadas.



Por administraciones, en Almería el Estado suma 25 millones en contratos formalizados hasta marzo, seguido de los ayuntamientos (15 millones) y la Junta de Andalucía (11).



Administraciones



Los datos de la asociación de contratistas andaluces se han conocido en medio de un panorama clarificador para las empresas que tienen su principal actividad en la obra pública.



Primero fue el Ministerioo de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige Raquel Sánchez, el que accedió a revisar los contratos por la subida de determinados costes en el sector de la construcción. Antes de esa medida, el ente Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) llegó a un acuerdo con las distintas contructoras y uniones temporales de empresas para retomar las obras del AVE entre la provincia de Almería y la Región de Murcia. Corría entonces el verano del año 2021.


Después ha llegado el turno a la Junta de Andalucía, cuyo Consejo de Gobierno aprobaba a mediados de abril un decreto ley para la actualización de los precios de los materiales de la construcción.


“La norma andaluza mejora y complementa el red decreto estatal para evitar la paralización de obras y la destrucción de empleo”, destacan desde la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, con Marifrán Carazo al frente.


Y ahora son los ayuntamientos, las ocho diputaciones provinciales andaluzas y las universidades las que pueden sumarse tanto al decreto nacional como al andaluz para revisar los contratos de obras adjudicadas durante los meses en los que se han disparado los precios del acero, aluminio, y cobre, entre otros. Esa revisión incluye, desde la Junta, a obras que empezaron incluso a ejecutarse el año pasado y ya están acabadas.


Del mismo modo, la administración autonómica (Junta) compensará a las constructoras cuando emitan el certificado final de obras, por lo que el “impacto en los presupuestos andaluces se verá reflejado en varias anualidades”.


La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha pedido una reunión urgente a la Junta porque la subida da los materiales para obras del PFEA (antiguo PER) también repercute en las arcas de las diputaciones.



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