La reforma de la ley cerrará 43 prostíbulos ‘censados’ en Almería

La nueva ley para la abolición de la prostitución y el proxenetismo amenaza con cerrar medio centenar de locales de alterne ‘censados’ en la provincia de Almería y registrados como bares de copas y hostales.

La reforma impulsada por el PSOE se aprobó el martes en el Congreso con el respaldo de los votos del PP (232 votos a favor, 38 en contra y 69 abstenciones) y diferencias entre los grupos de la izquierda, enzarzados en el debate sobre la libertad sexual y la explotación.

La Proposición de Ley supone, en la práctica, una modificación del Código Penal para “articular la necesaria respuesta penal, optando por castigar el proxenetismo de manera general”. De manera simplificada, la medida perseguirá la prostitución de una manera amplia, que incluye actividades donde haya un supuesto consentimiento de la mujer o donde terceros (por ejemplo, familiares) reciban el dinero sin coacciones.

“Al requerir el texto actual que el favorecimiento de la prostitución se realice con ánimo de lucro, se dejan fuera del tipo conductas de mera recepción de dinero proveniente de la persona prostituida y otras conductas que pueden considerarse neutrales o inocuas”, dice la proposición socialista.

La modificación castigará como un delito agravado de proxenetismo a quienes  “con ánimo de lucro y de manera habitual, destinen un inmueble, local o establecimiento abierto o no al público, o cualquier otro espacio, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aún con su consentimiento”. Este artículo, que parece contar con apoyo de los dos partidos mayoritarios para ser refrendado en el Senado, condena a quienes sostienen los prostíbulos.

Los ‘puteros’

La provincia de Almería tiene uno de los porcentajes más altos de locales por habitante, aunque las licencias son de hostelería o plazas residenciales. La mayoría de los 43 burdeles de Almería están ubicados en zonas de invernaderos de Poniente y Levante y en algunos puntos cercanos a la Autovía del Mediterráneo (A7).

Estos son los locales de alterne identificados por las fuerzas de seguridad del Estado, aunque constituyen solo una pequeña parte del total de la provincia. Entre los invernaderos y en algunos puntos de la capital, Roquetas de Mar y El Ejido,  hay pisos, cortijos y almacenes convertidos en lugares para el ejercicio de la prostitución, a menudo en ambientes muy marginales e insalubres. Se trata del gran caballo de batalla en la persecución de la explotación sexual en Almería.

La reforma está diseñada para acabar de raíz con todo tipo de formas de prostitución, desde los grandes establecimientos hasta los pisos clandestinos. Además, castigará como delito la acción de los ‘puteros’. La modificación del artículo 187 del Código Penal incluirá, en caso de aprobarse definitivamente con la configuración propuesta, multas de 12 a 24 meses para los clientes, para quienes pagan por sexo.

Este aspecto supone un salto cualitativo en la abolición de la prostitución. En Almería, los puteros identificados en operaciones contra la explotación sexual no son ni siquiera citados como testigos en los procesos judiciales abiertos, a pesar de participar directamente de la actividad y conocer las condiciones en las que se producen los servicios sexuales.

La nueva norma impulsada por el grupo socialista quiere acabar con cierta protección legal para los ‘puteros’, que tendrán que sentarse en el banquillo para responder como parte del sistema de la prostitución.

Durante el ejercicio 2021, la Policía Nacional en Almería (con competencias en toda la provincia en este aspecto) ha detenido a 290 personas por delitos contra las redes de inmigración irregular, la trata de seres humanos, el fraude a la seguridad social y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Según datos de la Comisaría Provincial, el año pasado se desarticularon cinco redes de tráfico de seres humanos, a menudo conectadas con la explotación sexual de mujeres. Los agentes de la UCRIF asistieron a 25 mujeres en clubes de alterne.

Los centros vinculados al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) atendieron el año pasado a más 800 mujeres víctimas de algún modo de explotación sexual en la comunidad autónoma. El IAM anunció al final del año pasado la puesta en marcha de un plan piloto para la protección de las víctimas con medidas en las provincias de Almería, Jaén y Málaga.