Endesa corta 9.000 enganches en el último año y medio

Los técnicos de Endesa acceden a la Avenida del Mar de Almería acompañados por dotaciones de la Policía Nacional. Cascos, pasamontañas y equipos de protección para inspeccionar las instalaciones en La Chanca-Pescadería. Su conocimiento es clave para solucionar los problemas de suministro de la zona, pero también para cortar de raíz el origen de las sobrecargas.

Las mediciones confirman los indicios recogidos por la UDYCO. Las plantaciones de marihuana parasitan la red de suministro eléctrico del barrio y alimentan un cultivo clandestino con transformadores, focos de alta potencia y ventiladores. 

La intervención se salda con la localización de más de 300 plantas de cannabis  y, más aún, evidencia la cadenas que secuestran a los vecinos de barrios deprimidos de Almería, Roquetas de Mar o El Ejido. La marihuana castiga a los barrios con apagones, incendios y sobrecargas repentinas. Frigoríficos echados a perder y familias en torno a velas y hornillos.

Según datos de Endesa, sus técnicos cortaron casi 9.000 enganches ilegales detectados en la provincia de Almería en el último año y medio. El grueso  de las acometidas aparece en barrios como La Chanca-Pescadería, El Puche, El Quemadero, El Cerro San Cristóbal o Los Almendros. 

Se trata de zonas de la capital afectadas de manera constante por los cortes, donde han aflorado protestas vecinales.

Detrás de estos conflictos están las plantaciones de marihuana. No son numéricamente un porcentaje muy alto del total de expedientes tramitados por enganches (un 3,8 por ciento este año), pero sí parte clave para entender los fallos en el suministro.

Inversiones

En 2022, hasta el 15 de junio, se abrieron 115 expedientes por tomas vinculadas a cultivos de marihuana, según la estadística facilitada por Endesa. En 2021, se emitieron 228 expedientes.

La comparación anual evidencia una subida progresiva de los enganches de plantaciones de cannabis sátiva de manera progresiva desde 2018. Es decir, cada vez se localizan más acometidas procedentes de ‘invernaderos caseros’.

El año pasado se decomisaron en Almería más de 700.000 plantas de cannabis, en un nuevo récord de aprehensiones por parte de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. 

Aunque la mayoría de estas matas crecieron en explotaciones bajo plástico de zonas rurales de la costa y el interior, con el sello de cáñamo industrial y sin enganches (a veces sí hay tomas de agua ilegales para el riego), el goteo de viviendas y almacenes sigue exprimiendo las capacidades de la red.

Endesa anunció una inversión de más de 660.000 euros “para actuaciones que implican la renovación tecnológica y digitalización de centros de distribución y la puesta en servicio de nuevos transformadores” en la capital en 2021.

Antes, en 2020 se incautaron 91 plantaciones de marihuana en los barrios de Pescadería, El Puche, Quemadero, Los Almendros y Cerro San Cristóbal, mientras que se llevaron a cabo 27 intervenciones contra el fraude masivo en estos barrios de la capital, efectuando 1.306 cortes de suministro por enganches ilegales, el 34 por ciento de los cuales fue en El Puche. 

Estas actuaciones se llevan a cabo de la mano de Policía Nacional, con el fin de preservar la seguridad de los técnicos de Endesa que tienen que desempeñar su trabajo con el rostro cubierto y protegidos por las fuerzas del orden. Estas actuaciones supusieron un coste de unos 625.000 euros, sin contar las actuaciones que se realizan con las fuerzas de seguridad en registros de marihuana.

‘Bono social’ Para las personas que carecen de recursos suficientes existe un ‘bono social’ que permite cubrir necesidades básicas en este campo. En la provincia de Almería más de 15.000 personas se benefician de esta ayuda, aproximadamente la mitad en casos “severos”.

En el conjunto de Andalucía las ayudas a personas en riesgo de exclusión suponen 216.000 ‘bonos sociales’ en la actualidad, según datos de Endesa. Pueden suponer la exención de hasta el 100 por ciento del abono de la factura eléctrica.

Por otra parte, hace un año que no hay noticias de la anunciada comisión contra los enganches de luz, tras varias reuniones celebradas en la sede de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería donde se ofreció un profundo diagnóstico del problema, pero pocas soluciones prácticas.

Soluciones

Las soluciones contra los enganches de luz en los barrios pasan esencialmente por operaciones policiales contra la marihuana. En El Puche, símbolo de este conflicto, apenas se decomisaron 3.000 plantas en dos años. No obstante, Endesa estudia maneras de hacer más difícil el acceso de los delincuentes a la red de suministro.

También se proponen  el endurecimiento de las penas de prisión por delito de fraude eléctrico (ahora una multa) y sanciones administrativas a instaladores. Ampliar las condiciones de las instalaciones parece poco eficiente, ya que los datos apuntan a un mayor consumo (los enganches se aprovechan y consumo más aún). El Defensor del Pueblo ha sugerido la creación de unidades policiales específicas para perseguir el robo.

El fraude encarece la factura de la luz

Los efectos de la extensión del fraude eléctrico trascienden de los cortes de luz a los vecinos de los barrios afectados por los enganches ilegales. El robo de suministro supone un sobrecoste para la factura de todos los usuarios. 

Las compañías repercuten a los consumidores los costes de las reparaciones de las redes instaladas, sean o no de sus barrios. Los daños sobre transformadores, cables, fusibles y otros equipos engordan la factura de la luz del conjunto de los ciudadanos. Dicho de otro modo, pagan justos por pecadores. 

La razón está en la configuración de la Ley del Sector Eléctrico. Como todo lo relacionado con la normativa sobre factura de la luz, se trata de un sistema complejo. De manera simplificada, las empresas gestionan la distribución del flujo eléctrico, con una  actividad regulada. 

Así, las compañías están obligadas a garantizar el suministro a los ciudadanos y, al mismo tiempo, a comunicar el fraude a las administraciones. La consecuencia directa es que los técnicos de entidades como Endesa deben adoptar las medidas para mantener las redes y esos costes se repercuten en la factura del conjunto de la ciudadanía.

Existen varios informes sobre la entidad del problema y su traducción económica en las cuentas de la luz. El documento más citado es de la Comisión Nacional del Mercados y Competencia y data del año 2015. El sobrecoste derivado de los enganches ascendió a unos 150 millones de euros.

Sin embargo, la cifra parece muy alejada a la auténtica realidad de 2022. El crecimiento del flujo de energía defraudado en el sector empresarial y en los grandes centros de producción de marihuana, donde la provincia de Almería tiene un evidente conocimiento, apunta también a un aumento de los costes de las reparaciones. 

La CNMC apuntó entonces a la necesidad de un cambio en el sistema que haga que los usuarios no carguen con el peso del fraude de otros. También se han realizado pronunciamientos en el mismo sentido por parte de asociaciones de consumidores. 

Además, el Defensor del Pueblo y el Defensor del Pueblo Andaluz han emitido recientes resoluciones para apoyar medidas en este terreno.