El ex presidente de los gestores, a prisión por no cumplir con pagos

La Audiencia Provincial de Granada ha revocado la suspensión de la condena de un año de prisión para el ex presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Almería, Granada y Jaén por un delito de apropiación indebida.

M. A. V. fue condenado a un año de cárcel por hacerse con 56.000 euros mediante el uso de cinco tarjetas de crédito y débito asociadas a otras tantas cuentas corrientes del colegio profesional.  Los movimientos fraudulentos se produjeron en un periodo entre 2006 y 2014, según la sentencia consultada por LA VOZ DE ALMERÍA.

El Colegio de Gestores Administrativos movió ficha y llevó a M. A. V. a los tribunales. La institución, representada por el letrado Marcelo Quílez, y la acusación del Ministerio Fiscal solicitaron penas de prisión para el acusado. 

El 7 de enero de 2021, la Audiencia Provincial de Granada dictó una condena de un año de cárcel tras alcanzar una conformidad por las partes. El ex presidente reconoció los hechos, consignó una cantidad de 15.776 euros antes del juicio y se benefició de una rebaja de la petición.

Calendario de pagos

Sin embargo, el problema surgió después de la sentencia. El tribunal decidió suspender el ingreso en prisión a cambio de establecer un calendario de pagos con una cuota mínima mensual de 700 euros. 

M. A. V. aceptó el calendario de pagos, que cumplió inicialmente, sin embargo, a lo largo del año 2022 no abonó la cantidades correspondientes a los meses de febrero, mayo, julio, septiembre y octubre, según detalla el auto dictado por la Audiencia Provincial de Granada. 

El ex presidente aseguró que no podía hacerse cargo de una cuota tan alta y propuso rebajar la cantidad a 400 euros. Curiosamente, la Fiscalía no se opuso a esta modificación de las condiciones de la ejecución de la sentencia.

Pues bien, la Audiencia Provincial de Granada ha considerado que el acusado incumplió sus obligaciones y ordena revocar la suspensión y ejecutar el ingreso en prisión del ex presidente de los gestores.

El acusado disponía de dos sistemas, según la sentencia. Por una parte, contaba con unos gastos de representación en su condición de presidente. Y, por otra, creó de manera “personal” una cuenta corriente de “abonos y cargos del presidente pendientes de justificar”, que pagaba con una tarjeta.

El saldo de esta segunda línea se integraba en la lista de “colegiados deudores”, de manera que sus gastos se confundían con la economía del colegio y sus miembros.  “Era imposible distinguir las cuantías”, señaló la sentencia.