La huelga de letrados obliga a aplazar 250 juicios en 5 días

La huelga de letrados de la Administración de Justicia (LAJs), antes conocidos como secretarios judiciales, hace mella en miles de procesos abiertos en la provincia de Almería. Los LAJs iniciaron un paro indefinido el pasado 24 de enero para reclamar, esencialmente, una mejora de sus condiciones salariales y la continuidad en la protesta ha obligado a suspender miles de vistas señaladas en las últimas estas semanas.

En solo cinco días, entre el 6 y el 10 de marzo, los órganos de la provincia de Almería ha aplazado 250 juicios y otras 174 actuaciones previstas en el calendario por la ausencia de letrados de la Administración de Justicia. Las consecuencias las pagan los ciudadanos, afectados por la dilación en sus procesos. De hecho, las suspensiones se reparten entre civil, mercantil, penal y social.

En el caso de los penales, los servicios mínimos han permitido atender asuntos perentorios como las causas con preso. No obstante, la semana pasada se suspendieron medio centenar de juicios, con el evidente perjuicio para los afectados.

Peor es la situación en lo social. En esta jurisdicción se estudian procesos laborales y pensiones. Se trata del área más castigada por la sobrecarga de asuntos y donde se acumulan mayores retrasos, como han denunciado los operadores judiciales y han reiterado las memorias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). De hecho, los órganos de lo social señalan procesos a dos y tres años vista, lo que supone una interminable espera para los justiciables.

Reacciones

El decano del Colegio de la Abogacía de Almería, Juan Luis de Aynat, ha reclamado que el Ministerio de Justicia y letrados de la Administración de Justicia (LAJ) busquen “puntos de encuentro” que permitan poner fin a una huelga que está provocando “un atasco en los juzgados que no se puede mantener más tiempo”.

“Por legítimas que puedan ser las reivindicaciones de los LAJ, se está llegando a un punto de no retorno. Según los datos facilitados por la propia Secretaría Coordinadora Provincial, son ya 5.000 las demandas no admitidas y 1.392 los juicios suspendidos desde el comienzo de las protestas. En total, unas 2.708 actuaciones suspendidas en general, y siguen sin tramitarse subastas, lanzamientos o entrega de cantidades. Es insostenible”, ha añadido.

“El nivel de reposición de los actos procesales suspendidos y la propia inercia judicial se va a ver absolutamente atascada”, insiste De Aynat, quien recuerda que cada día son incontables los letrados que ven “frustrados” sus procedimientos y señalamientos.