Cárcel para la banda descubierta con guardias civiles infiltrados

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería ha condenado a penas de prisión a los traficantes detenidos en la denominada Operación Busycon. La sentencia supone, en la práctica, un aval a la actuación del Juzgado de Instrucción número Seis de Almería, de la Fiscalía Antidroga y de la Guardia Civil, que autorizaron el uso de agentes encubiertos en la investigación.

La Unidad Central Operativa (UCO) infiltró a los agentes Vismara, Lubina y Benetau en una organización criminal con ramificaciones en Cádiz, Málaga y Almería y contactos de alto nivel entre los productores en Marruecos. “Tengo luz verde en la costa de Larache”, confesó el acusado David T. en una conversación captada en Toledo.

El tribunal considera probado que los ocho condenados se concertaron para “la introducción de grandes cantidades de hachís desde la costa de Marruecos”, que se traspasarían en alta mar desde lanchas a embarcaciones pesqueras.

Para desvelar la trama la Guardia Civil hizo pasar a agentes encubiertos por traficantes y llegó incluso a embarcarlos en abril de 2021 para participar activamente en una operación de desembarco realizado en la costa de Cádiz. La investigación acabó con el decomiso de más de 4,6 toneladas de resina de hachís.

La Audiencia Provincial avala la actuación de la UCO, apoyada por la Fiscalía y la instructora del caso, y rechaza que los agentes fueran “provocadores del delito”, como sostenían las defensas. De manera sencilla, los letrados sostienen que los guardias encubiertos incitaron a la comisión de un delito, estableciendo contactos para la organización del desembarco y participando como cooperadores en él. “Era la Guardia Civil la que contactaba con los acusados y no al revés”, resumen.

En cambio, la sentencia dictada en Almería cita jurisprudencia del Tribunal Supremo para confirmar que “no se excluye la posibilidad de que haya contactos previos entre agente y sospechoso”. “Lo que importa es que, una vez que se dan las informaciones mínimamente consistentes, la Policía actúa correctamente solicitando la autorización para intervenir”.

Alto nivel

No hay precedentes de operaciones de este nivel en la provincia con agentes encubiertos. De hecho, los traficantes manifestaron durante la preparación que tenían recursos para alijar cada 15 días.

El principal responsable de la trama es M. L., condenado a ocho años y cinco meses de prisión por delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. Según los hechos probados de la sentencia, siguiendo las directrices de M. L. se realizaron tres pagos de 15.000, 8.000 y 15.000 euros a los agentes encubiertos por la participación en la operación para un alijo. La banda no sabía que aquellos hombres eran en realidad miembros de la UCO y un agente de la Policía Judiciaria de Portugal.

Fuentes de la investigación citadas por EFE en 2021 conectan a M. L. con el ‘Clan de los Castañas’, conocidos por ser una de las familias más activas en el Estrecho de Gibraltar y sometidas a sucesivas operaciones antidroga.

Pero además de M. L., la investigación ofrece otro nombre para vestir de relevancia el caso. Se trata de P. V., un ciudadano italiano asentado en la provincia de Málaga y vinculado presuntamente a grupos mafiosos en su país.  La Audiencia Provincial de Almería condena a P. V. a cuatro años y un mes de cárcel por salud pública y pertenencia a grupo criminal.  Sulaiman A. , Redouan el K. y Pascuale V. realizaban “cometidos concretos, llevar el dinero para pagar la droga, transportar la droga y ofrecer seguridad al grupo”, según el tribunal. La sentencia puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y luego ante el Tribunal Supremo. 

Del estrecho al levante para evitar controles

Las diligencias reflejan la incidencia de la presión policial en el Estrecho de Gibraltar y la voluntad de la banda por operar en Almería, donde estaba radicado el acusado J. G. “Se hace constar que hay gran presión policial en el arco costero entre Huelva y Granada, con lo que se dificultaría extraordinariamente el éxito de la operación, con lo que al tener lugar en el sur de España, según las conversaciones, la zona se limita al levante y poniente almeriense”, refleja la sentencia. J. G. conocía a otros traficantes y había realizado en Almería su actividad, según las investigaciones.