Como ocurre con el resto de acusados del Caso Poniente, las penas que finalmente ha impuesto el tribunal a empresarios que trabajaban con el Ayuntamiento de El Ejido y en el entorno del exalcalde Juan Enciso han sido notablemente inferiores a las peticiones que hacía la Fiscalía para ellos.
El caso más relevante es el de los tres hermanos Lirola López (José Carlos, Gabriel y Francisco Javier), a los que la acusación imputaba delitos de cohecho activo continuado y varios contra la Hacienda pública. La resolución final absuelve de todos los cargos a Gabriel y Francisco Javier, y condena a José Carlos solo por el cohecho, para el que no le impone pena de prisión, pero sí el pago de una multa de 3,3 millones de euros.
En el caso de Jesús Aragón, el fallo del tribunal le condena por dos delitos. De un lado, como a prácticamente todos los acusados, por una malversación de caudales públicos continuada y de “especial gravedad” en concurso con falsedad en documento mercantil, por lo que se le imponen tres años y dos meses de prisión y 8 de inhabilitación absoluta; por otro lado, por un delito simple de cohecho activo, castigado con una multa de 76.850 euros. Le absuelve, en cambio de todos los delitos contra la Hacienda pública que se le atribuían. Las dilaciones indebidas han pesado también en lo que respecta a Jesús Aragón, en la consideración del fallo.
En el caso de Ambrosio Cuevas, los jueces han considerado que solo es responsable penalmente de un delito continuado de malversación de caudales públicos, con la circunstancia atenuante de los retrasos indebidos en el procedimiento, por lo que la condena se queda en 3 años y 2 meses de prisión, más ocho de inhabilitación absoluta. El empresario es absuelto de todos los delitos contra la Hacienda pública que se le imputaban, así como del de cohecho activo.
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