La vida puede llegar a ser muy dura si se es inmigrante y, en especial, si la situación personal y laboral les lleva a vivir en alguno de los asentamientos repartidos por la provincia de Almería. Según recoge un informe de la asociación humanitaria Almería Acoge, con el sustento del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, en esa situación malviven en torno a 3.500 personas.
La mayoría de ellos llevan dos o más años en esa situación y, en teoría y según la Ley, tienen derecho a un empadronamiento que les facilitaría adquirir la documentación necesaria para regularizar su situación, el gran anhelo para una inmensa mayoría que no reclama privilegios, sino el cumplimiento de esa normativa.
Derechos laborales
Puede que lo más sangrante de su situación sean las condiciones en las que se ven obligados a desarrollar el trabajo que los trajo a Almería, en algunos casos hace ya más de diez años. En el informe, realizado en base a encuestas realizadas a un total de 711 personas inmigrantes, el 95,8 por ciento reconocen no haber tenido nunca días de vacaciones.
Por otra parte, cerca del 80 por ciento afirman no poder disfrutar de fines de semana libres; a lo sumo pueden coger un día a la semana que muchos de ellos aprovechan para poder realizar gestiones relacionadas con el trabajo, con la salud o con los servicios de asistencia social.
La situación es compleja porque el 86,3 por ciento de estos trabajadores por cuenta ajena afirman desconocer la existencia de un convenio colectivo para el sector en el que la mayoría trabaja, el hortofrutícola. Un convenio que, por otra parte, caducó en 2015 y aún no ha sido renovado. Los que no gozan de ningún día a la semana son, mayoritariamente, aquellos que están en una situación administrativa irregular.
Irregularidades
En torno a un 12 por ciento de esos trabajadores reconocen que han tenido que pagar para conseguir un contrato de trabajo; las cantidades de esos pagos se mueven en una horquilla que oscila entre los 600 y los 1.000 euros. Contratos que, por otra parte, son claves para conseguir regularizar su situación, “lo que hace que en muchos casos sean víctimas de estafas o abusos haciéndoles creer que es necesario para conseguir esa regularización”, señala el informe.
El convenio, caducado hace más de siete años, establece una jornada laboral de 40 horas semanales, “salvo en aquellas faenas que exijan para su realización un extraordinario esfuerzo físico o en las que concurran circunstancias de especial penosidad derivadas de condiciones anormales de temperatura o humedad”, en las que no podrá exceder de seis horas y veinte minutos diarios y 38 horas a la semana. Esa situación es frecuente en los invernaderos, en especial entre los meses de junio y septiembre. Y la cuestión es que en torno al 70 por ciento de las personas en situación regular manifiestan trabajar ocho o más horas diarias, porcentaje que aumenta en los trabajadores en situación administrativa irregular.
Derechos
Son algunas de las irregularidades que se recogen en el estudio de Almería Acoge, pero hay más relacionadas con el bajo grado de satisfacción por el trato recibido, por el trabajo realizado o por las condiciones en los que se hace. Sólo obtiene una buena valoración cuando se les pregunta sobre su relación con los compañeros de trabajo.
La situación laboral, personal y social de estos trabajadores goza, en teoría, de una serie de derechos que no siempre se cumplen, desde el de obtener el empadronamiento a derechos esenciales como el de una vivienda digna, a la igualdad, a la dignidad, al derecho al honor e incluso a la integridad física. Hasta el Estatuto de Autonomía de Andalucía prohíbe toda discriminación en el ejercicio de todos esos derechos”.
Resulta estremecedor comprobar la valoración de los derechos que se conculcan en los asentamientos. Los inmigrantes señalan que se incumplen en un 100% en materia de vivienda, igualdad o dignidad. El 62,5% en prestaciones públicas o en empleo. Un 37,5% siente dañado su honor y un 12,5% su propia integridad física.
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