La Abogacía del Estado pide mantener los embargos del Caso Poniente

La Abogacía del Estado movió ficha unas horas antes de conocerse oficialmente la polémica sentencia del Caso Poniente y solicitó a la sala la continuidad de las medidas cautelares sobre los acusados en el proceso de corrupción en Elsur.

La abogada registró un escrito el pasado 30 de marzo en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería para pedir “la prórroga de las anotaciones preventivas de embargo acordadas en el proceso judicial”, según el documento consultado por LA VOZ.

El embargo afecta, por ejemplo, a fincas e inmuebles y se constituyen una garantía sobre el futuro pago de las responsabilidades civiles. No en vano, según la valoración del tribunal, el ex alcalde Juan Enciso, el ex interventor municipal José Alemán y los principales empresarios de las subcontratadas participaron en el robo de más de 58 millones de euros de las arcas públicas del Ayuntamiento de El Ejido.

El grueso de los acusados tiene cuentas y bienes bloqueados desde hace años de manera cautelar. De hecho, las defensas han reclamado en varias ocasiones el levantamiento de medidas y han denunciado durante el proceso el perjuicio para empresarios que, al menos hasta el pasado 31 de marzo, no habían sido condenados por ningún delito en la causa de Poniente.

Delitos fiscales

La Abogacía del Estado mantuvo un papel muy relevante en la acusación durante el juicio oral celebrado en la primera mitad de 2021 en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce. La abogada indagó en sus interrogatorios sobre las irregularidades cometidas en la sociedad mixta Elsur en El Ejido, incluso más allá de las responsabilidades por supuestos delitos fiscales, que ocupaban a priori el objetivo de la acusación del Estado.

En cualquier caso, la sentencia de Poniente no ha sido favorable a los intereses de la Abogacía del Estado, puesto que ha anulado todos los delitos contra la Hacienda Pública. El tribunal consideró que durante la instrucción se incluyó este tipo penal a partir de 2011, pero que nunca se interrogó a los acusados sobre este asunto, limitando su derecho de defensa.

El tribunal ni siquiera entra en la posible prescripción de parte de los delitos fiscales (a los cinco años, con aquel Código Penal), como había planteado la Fiscalía Anticorrupción, y borra de un plumazo todas las imputaciones.  Esto tuvo consecuencias devastadoras para las acusaciones. La Fiscalía pidió inicialmente 1.500 años de cárcel para los acusados, mientras la sentencia se quedó en 102 años.

A la espera de la decisión del Tribunal Supremo sobre  los recursos de casación, la sentencia obliga a los principales condenados de la trama a devolver cantidades millonarias en concepto de responsabilidades civiles.

El tribunal condena al exalcalde Juan Enciso y al ex interventor municipal José Alemán a devolver más de dos millones de euros (cada uno) por autorizar el pago del canon anual de Elsur “incrementado ficticiamente”.

El Ayuntamiento de El Ejido regaba de dinero público a la empresa mixta de servicios Elsur, que falseaba las cuentas para engordar las mordidas. Enciso y Alemán conocían y consentían el sistema. “El interventor autorizaba el gasto, una vez contabilizado, y, el alcalde autorizaba con su firma las resoluciones donde se ordenaban los pagos del canon anual”, dice el tribunal.

José Amate, condenado a cinco años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos, deberá responder por 24 millones de euros y los empresarios Ambrosio Cuevas y Jesús Aragón deberán responder subsidiariamente de 7,3 millones de euros sobrefacturados.