Funcionarios, jueces y fiscales aprietan en víspera electoral

Los trabajadores de la Administración de Justicia intensifican las medidas de protesta en sus reivindicaciones de mejoras salariales. Funcionarios, jueces y fiscales siguen la senda de los secretarios judiciales (ahora conocidos como LAJs) y reclaman una subida de sus nóminas para paliar la pérdida de poder adquisitivo durante los años más duros de la crisis económica, en la década pasada.

Funcionarios de los juzgados se concentraron este miércoles en una nueva jornada de paro en la provincia de Almería. Los sindicatos cifran en medio centenar de trabajadores el seguimiento de la convocatoria.

Las nóminas de estos empleados públicos dependen de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, que encabeza José Antonio Nieto, y cualquier decisión al respecto necesitará de la Administración autonómica para resolver el conflicto laboral.

La huelga está respaldada por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT. Los funcionarios marcharon desde la Ciudad de la Justicia de Almería  por Carretera de Ronda, Gregorio Marañón, Altamira, Artés de Arcos, Canónigo Molina Alonso, para concluir en la Audiencia Provincial en Reina Regente.

Los sindicatos convocantes exigen al Gobierno que ponga encima de la mesa una propuesta económica concreta para negociar, de la misma manera que se está haciendo con jueces y fiscales, argumenta el colectivo afectado, que endurecerá sus movilizaciones si el Ejecutivo no reacciona.

Los jueces

Por otra parte, jueces y fiscales mantienen el pulso con el Ministerio de Justicia para intentar conseguir una subida de sus retribuciones. Las asociaciones profesionales (salvo las dos progresistas) han amenazado con realizar movilizaciones si no se atienden sus propuestas.

La asociación mayoritaria de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) aseguró este miércoles que la propuesta de 450 euros al mes ofrecida por el Ministerio de Justicia es “insuficiente e inasumible”, si bien supeditó la decisión a una consulta a sus miembros.

El asunto debe resolverse antes de las elecciones municipales y autonómicas, ya que existe un problema en el señalamiento de servicios mínimos en caso de huelga de los jueces.