El Defensor alerta: no hay estrategias para eliminar asentamientos de migrantes

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha dedicado un destacado espacio de su informe anual de 2022, que ha presentado esta semana, a analizar la situación de los asentamientos de inmigrantes en las provincias de Almería y Huelva y, en concreto, para referirse a los avances detectados hacia su eliminación.

El Defensor llama la atención, en primer lugar, al hecho de que nos encontramos ante una situación impropia del siglo XXI y de “un contexto de sociedad europea garantista de derechos” a la que "asistimos impasibles... año tras año, y así durante más de cuatro décadas”, señala. Es decir desde que se construyeron los primeros poblados de chabolas para acoger a jornaleros de las campañas agrícolas y a personas recién llegadas de manera irregular a Andalucía, sobre todo en pateras.

“Los problemas de estas personas para insertarse en la sociedad afectan a la vivienda, educación, formación, acceso a suministros básicos, salud ... y sobre todo al derecho a vivir en sociedad y a desarrollarse en el lugar donde residen”, señala Maeztu. 

El informe alerta de que las mujeres que residen en algunos de estos asentamientos se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, “dados los riesgos a los que se exponen por su propia condición de mujer, siendo en ocasiones objeto de captación por redes de explotación”. Por su parte, advierte también de que los menores encuentran en estos lugares “un espacio de invisibilidad que les aleja de los riesgos de ser detectados al igual que las personas sin documentación, constituyendo otros grupos de riesgo que requieren de una especial atención”. Según sus datos, el porcentaje de personas que dispone de permiso de residencia y trabajo difiere de un asentamiento a otro, llegando en algunos de ellos al 33%. 

"Cronificados"

El Defensor continúa señalando que los asentamientos chabolistas de los pueblos freseros de Huelva y hortícolas del poniente almeriense “se han cronificado y son una realidad que refleja el fracaso de la sociedad para asumir un progreso sostenible respetando los derechos de quienes contribuyen al mismo”. 

En este escenario, destaca que el papel de la Institución del Defensor del Pueblo andaluz se articula “como garante de los derechos de esta población migrante mediante la supervisión de las actuaciones de las distintas administraciones implicadas”, incorporando acciones que se aborden desde la mediación cuando sea necesaria para promover y favorecer soluciones, asumiendo un papel activo como articulador e impulsor de los derechos de estas minorías. 

Pese a esta ‘cronificación’, también reconoce algunas de las iniciativas puestas en marcha entre organizaciones no gubernamentales y administraciones. Entre ellas señala las acometidas por el Ayuntamiento de Níjar, que encargó a la Universidad de Granada un estudio que tras el análisis de las características de los asentamientos y de las personas residentes, aportara propuestas que sirvieran de referencia para la toma de decisiones. Y precisa que “en el año 2022 se financió la implantación de dispositivos dotacionales de alojamiento transitorio solicitados por el Ayuntamiento” nijareño. 

Los problemas

Maeztu destaca en su informe algunos de los problemas más graves que dificultan la eliminación de los asentamientos mediante alternativas habitacionales. El primero de ellos es el hecho de que “la Administración andaluza adolece de una estrategia global y territorial para abordar la eliminación de los asentamientos respetando la autonomía local, que contemple incluir estrategias para involucrar a todos los agentes implicados (administraciones, tercer sector, empresariado, migrantes) en la definición de este Plan y en su seguimiento.

En segundo lugar, resalta la “disparidad de criterios de los responsables municipales para diseñar e implementar actuaciones encaminadas con esta finalidad, bien sea por falta de iniciativas, bien por incapacidad técnica y presupuestaria para abordarlas. 

Asimismo, constata la “incongruencia que supone que se ofrezcan mediante iniciativas públicas realojamientos transitorios a quienes residen de forma permanente en los asentamientos sin incluirlos en el padrón municipal como ciudadanos de cada municipio". 

También constata una falta de visión territorial: “Las actuaciones de unos ayuntamientos redundan en otros de su comarca si no se aborda la problemática de una forma coordinada. Por otro lado, observa “una ausencia de procedimientos administrativos relacionados con el desalojo/realojo que garanticen los derechos de las personas destinatarias, principalmente en ayuntamientos que tienen muy definidos sus equipamientos. 

Otros problemas detectados se refieren al hecho de que las bases de las líneas de subvenciones que pueden contribuir al acompañamiento de las personas residentes en los asentamientos durante el desalojo y realojamiento, no responden a esta necesidad, “siendo necesario el diseño de un mapa de recursos, contemplando financiación plurianual, entre otras cuestiones”. 

Por último, aprecia una “ausencia de una visión del parque residencial de los municipios con la finalidad de analizar las carencias en materia de recursos residenciales que den respuesta a las necesidades de demanda, tanto permanente como estacional”; y un “escaso papel de los foros de la inmigración, a nivel provincial y regional, tanto a la hora de compartir la problemática como de aportar soluciones, validadarlas y hacerles el seguimiento. 

Y concluye señalando que el compromiso de la Defensoría con esta realidad se traduce “en un apoyo permanente a las iniciativas de los agentes claves y en especial de la administración para la eliminación de los asentamientos”.