José Antonio Nieto Ballesteros es licenciado en Derecho y hasta el verano pasado fue portavoz del Grupo Popular en el Parlamento autonómico. Empezó en política en su pueblo natal pero muy pronto dio el salto a Córdoba capital, donde se convirtió en alcalde en 2011. El pasado miércoles concedió esta entrevista a La Voz de Almería en la que dio un repaso a la situación de la Justicia en la provincia y puso en valor el convenio para la nueva sede judicial en Roquetas de Mar.
En su primer año se ha tenido que enfrentar a huelgas en el sector de la Justicia, aunque no tiene competencias en todo el personal.
Ha sido un año terrible para la justicia. Estamos en una crisis sistémica. El sistema ha roto. Hay que implantar un modelo de justicia nuevo que nos permite superar aquello que nos lastra y que hace que la justicia tenga tan mala imagen. Todos los que participamos en el mundo de la justicia estamos marcados por esa mala imagen, por un sistema que ralentiza la justicia, que provoca que los juicios salgan tarde, … En Andalucía queremos dar el paso a la transformación del sistema judicial y apostar por la modernización por procedimientos más ágiles y eficientes.
Pero las competencias están divididas entre la Junta y el Ministerio.
Necesitamos una legislación básica que tiene que venir del Estado y eso no ha sido una prioridad para el Gobierno actual. Las tres leyes más importantes en este ámbito han quedado en el dique seco después de tres años de tramitación. Eso ha sido un golpe muy duro para todo el sector judicial que espera, como agua de mayo, que se aprueben ya esas leyes y tener una justicia del siglo XXI.
Se le ve crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno no ha querido darle prioridad a este sector y hemos tenido el peor Ministerio de Justicia en la historia de la democracia de España con diferencia.
¿Y cómo está la Justicia en Almería?
Sufre los mismos problemas que en el resto de España, pero dentro de Andalucía esta provincia es un rayo de luz que me permite ver los aspectos positivos que tenemos por delante. Para nosotros, Almería es vanguardia en el ámbito de la Justicia. Es el banco de pruebas donde podemos experimentar aquello que queremos poner en marcha en el resto de Andalucía y que demuestra que funciona. Por ejemplo, el convenio para la nueva sede judicial en Roquetas de Mar.
¿Por qué es pionero ese modelo de Roquetas?
En primer lugar, ha sido posible gracias a un alcalde como Gabriel Amat y el equipo técnico del Ayuntamiento de Roquetas. Han trabajado durante un año y gracias a ello los vecinos de este municipio y del resto del partido judicial van a acceder a la justicia de más calidad que se pueda prestar en Andalucía. No va a haber ninguna persona que tenga mejores condiciones de acceso al sistema judicial.
¿Puede concretar algo más?
Roquetas tendrá la sede judicial más moderna de la comunidad y será una sede sin papel. Vamos a digitalizar los archivos y se va a instaurar un sistema de funcionamiento sin papel. Y en este ámbito Almería va por delante del resto de provincias. Hay que apoyarse en la justicia del dato y no del legajo. Esa justicia del legajo no nos lleva a ningún sitio, provoca retrasos y dificulta el trabajo. La justicia del siglo XXI tiene que estar basada en el entorno digital y el papel debería ser, si se puede, prácticamente inexistente.
¿Y cómo está el proyecto de sede judicial en Huércal-Overa?
Será un modelo similar al de Roquetas. Tendría que estar ya licitado pero ha habido alteración de precios en la obra pública por las consecuencias de la guerra de Ucrania. Será una sede judicial más pequeña porque Roquetas tiene 7 juzgados y Huércal-Overa, 3, pero tendrá también un edificio de última generación.
¿Y el resto de la provincia?
La situación es bastante positiva. En la capital, la Ciudad de la Justicia es de las más modernas de Andalucía; en El Ejido se ha hecho una obra de última generación y en Purchena se ha recuperado un edificio histórico.
El juzgado de Berja permite trabajar en muy buenas condiciones. Nos queda resolver la situación de Vera y Vélez Rubio y espero poder canalizarla lo antes posible.
Nuevas infraestructuras judiciales en la provincia, pero no cesan las peticiones de ampliación de plantilla de funcionarios.
Las quejas son por falta de órganos judiciales. Lo que se reclama es poder tener más jueces y así poder tener más funcionarios. Podemos meter más empleados en un juzgado pero ello lo que provocaría sería que habría más asuntos a tramitar por parte de un juez. Lo importante es que haya un equilibrio entre funcionarios y jueces. Y eso sí se da en Almería.
¿Y qué órganos nuevos habría que crear en la provincia de Almería?
Es necesario un nuevo juzgado de lo Social en la capital y que Berja tenga el Juzgado número 3. El Ministerio de Justicia ha denegado ese nuevo órgano en Berja a pesar de que es una necesidad imperiosa. Y respecto al juzgado de lo Social en Almería, es también necesario. Se están señalando juicios para dentro de dos años. Eso no responde a un modelo de justicia moderna y eficaz.
¿Qué balance hace de su primer año como consejero?
Muy positivo. Llevo exactamente, como podría ser una sentencia, un año y una semana, y en este periodo hemos hecho algo que estaba pendiente en las tres áreas de este departamento: justicia, administración local y función pública. Queríamos saber cómo estaban esas áreas. Ya tenemos un diagnóstico bien elaborado, sabemos los problemas y hemos empezado a resolver ya una parte importante de esas cuestiones en la Consejería.
¿Es una consejería muy diversa?
Son muy complejas en su funcionamiento y con un impacto muy evidente en el día a día de los andaluces.
¿Quizá la de Justicia sea la más compleja?
Función Pública tampoco se queda atrás. Probablemente sea más compleja. En la Junta tenemos una plantilla de más de 300.000 personas entre funcionarios y personal laboral. La gestión de un número importante de empleados públicos, con características tan específicas y con un impacto tan claro en la calidad del servicio que se presta al ciudadano, es compleja. El reto es abordar bien el servicio de administración pública a los ciudadanos andaluces.
Llegó al cargo de consejero de Función Pública y ha logrado lo que se llama paz social, es decir, un acuerdo entre la Junta y los sindicatos.
No es por casualidad ese acuerdo. Hemos aprobado la Ley de Función Pública y somos una de las pocas comunidades que ya tiene una ley adaptada al siglo XXI. La anterior venía de 1987. Era una ley provisional y tenía su base en una administración pública de los años 50.
Ahora ya hay más empleados públicos sin contrato temporal o interino.
La temporalidad era uno de los rotos que nos encontramos cuando llegamos a la Junta a finales de 2018. Había una tasa de temporalidad de casi el 50 por ciento y cuando se acabe el proceso de estabilización de plazas estaremos en el 2 por ciento. Por lo tanto, se habrá reducido la tasa en un 48 por ciento y eso se valorará con el tiempo.
¿Cómo ha sido la relación con los sindicatos en este proceso?
Han tenido un papel de madurez y responsabilidad. Su labor ha sido espléndida.
En el ámbito de la Administración Local, ¿cómo es ahora el trato de la Junta hacia los ayuntamientos y diputaciones provinciales?
En mis diferentes etapas siempre vi una prepotencia total de los anteriores gobiernos de la Junta. Mi obsesión es cambiar ese marco de relaciones y que haya respeto mutuo. Debemos dar el lugar que les corresponde a las administraciones locales y también poner en valor el papel de los técnicos municipales, como es el caso de los empleados públicos de Roquetas con el trabajo que han hecho para la nueva sede judicial.
Pone por las nubes a Gabriel Amat.
Hay cosas que solo se pueden hacer con alcaldes con visión de futuro como el de Roquetas de Mar. Aquí se ha pasado de 50.000 habitantes en 2002 a 102.000 en 2022. Eso no es casualidad. Este alcalde se atreve a hacer cosas que otros no se atreven.
Comparte usted mesa del Consejo de Gobierno de la Junta con dos almerienses: Ramón Fernández-Pacheco y Carmen Crespo. ¿Se nota el peso político de Almería en Andalucía?
Ambos son un lujo para esta provincia. No hay Consejo de Gobierno en el que no estén pendientes de asuntos relacionados con Almería. Por ejemplo, han ayudado a desbloquear aspectos relacionados con esa nueva sede judicial de Roquetas. Los almerienses se pueden sentir satisfechos de Ramón Fernández-Pacheco y Carmen Crespo.
En pleno mes de agosto, con agenda pública y pendiente, imagino, del futuro Gobierno de la Nación tras las elecciones generales del pasado 23-J.
Estaremos pendientes de lo que ocurra a partir del día 17 y de los pactos políticos. Este país necesita estabilidad y con los independentistas no la vamos a tener.
Y mezclando política nacional y justicia, ¿habrá amnistía a condenados por el procés y referéndum?
Una amnistía no es posible. La Constitución lo prohíbe de forma tajante. No es viable que se pida. También están prohibidos los referéndums. Cualquiera que vaya en esa dirección es que quiere reventar los pilares fundamentales de la Constitución.
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