El 16 de noviembre de 1998, el acusado Miguel Morales de 53 años de edad interrumpió el juicio que se celebraba en la Audiencia Provincial de Almería. “El hombre está muerto, lo maté yo, ocurrió así y ya está. Esto es darle demasiadas vueltas. ¡Pero si ya lo saben, joder, para qué preguntan!”.
Los juicios con jurado popular se habían implantado en España solo tres años antes y el sistema judicial aún transitaba el camino de la adaptación. Almería apenas tenía experiencia en este nuevo modelo de vista oral y cada caso suponía un reto práctico para las partes.
Aquella mañana de otoño, el acusado, natural de Laujar de Andarax, perdió la paciencia y reventó a gritos la sesión. “¡Me lo he cargado y me alegro porque los moros son muy malos!”, confesó durante el interrogatorio.
Miguel Morales fue expulsado dos veces de la sala de vistas por el magistrado Rafael García Laraña, al que mandó “a la mierda”, y terminó condenado a 15 años de cárcel por el homicidio de un ciudadano español de origen saharahui llamado Mohamed Mamou, acuchillado en un bar de Laujar de Andarax conocido como ‘Pon y Pongo’ (discutió, fue a su casa a coger un cuchillo y regresó para matar a su vecino).
El juicio tuvo que repetirse por defectos de forma en el veredicto y poco después, en junio de 1999, el magistrado Javier Gómez Bermúdez (presidente de la sala en el famoso juicio por los atentados del 11M) dictó una sentencia que no alteraba el pronunciamiento inicial.
Pues bien, aquel Miguel Morales, criminal de Laujar de Andarax, racista y violento, ha sido detenido esta semana acusado de asesinar a una mujer iraní de 64 años de edad en un paraje rural de la ciudad gaditana de Jerez de la Frontera.
Buran Forouzan desapareció el 6 de julio de este año en un albergue municipal donde residía. Su cuerpo apareció desmembrado el pasado domingo en un pozo en un lugar llamado Cortijo de la Ducha, hallado por agentes de la Policía Nacional tras una compleja investigación.
Miguel Morales, ahora con 78 años de edad, había mantenido relaciones esporádicas con la víctima, según los primeros datos de la investigación. La Policía Nacional había identificado la desaparición de la mujer como un caso de alto riesgo y a principios del mes de agosto solicitó ayuda ante la ausencia de pistas sobre el paradero de la mujer de origen iraní.
Tras la cárcel
Las informaciones recabadas orientaron las pesquisas hacia Morales, un anciano natural de Almería, con antecedentes y visto en varias ocasiones en el albergue con la mujer. La UDEV (Delitos Violentos) realizó una compleja investigación para tratar de esclarecer el caso. Primero localizó a Miguel Morales y, sin levantar sospechas, estableció unos dispositivos de vigilancia.
Los agentes observaron como el varón acudía de manera diaria hacia el Cortijo de la Ducha o sus inmediaciones. Finalmente, el pasado domingo fue descubierto el cuerpo de Buran Forouzan en el fondo de un pozo de una propiedad privada. Tenía graves signos de violencia.
Miguel Morales fue detenido como presunto autor del crimen, que terminó por confesar como hiciera hace casi tres décadas en la provincia de Almería. El caso está bajo secreto de sumario y se indaga sobre aspectos como las causas exactas de la muerte, la data y la posible secuencia en la que se produjo el crimen de la ciudadana iraní.
Morales salió del centro penitenciario de El Acebuche tras cumplir la pena por el crimen de Laujar de Andarax.
En la prisión de Almería había ganado fama de persona conflictiva y desequilibrada. Tras salir de la cárcel habría establecido su lugar de residencia en varios puntos y, finalmente, se había establecido en Jerez de la Frontera. Tendrá que verse de nuevo sentado en el banquillo de los acusados en una sala de vistas.
Una ‘cárcel’ para la familia
Miguel Morales generó un sinfín de problemas a su entorno. En 1998 fue condenado a 15 años de prisión y a abonar una indemnización de 30 millones de pesetas (180.000 euros) por matar a puñaladas a un vecino en un bar de Laujar de Andarax. El pago terminó por arrastrar a su familia. Su mujer se vio arrastrada por los embargados cursados judicialmente y denunció públicamente que iba a ser desahuciada por aquellos hechos. Esta vecina además había iniciado trámites de separación de Morales tras sufrir años de malos tratos y vivía de una pequeña pensión. Según testimonios recogidos en la época, el asesino había intentado agredir a su esposa y a sus hijos en varias ocasiones y la familia trataba de escapar de aquella situación. Eran años especialmente complejos para la denuncia de la violencia de género, sin una ley específica para la protección de la víctimas y sin una conciencia social extendida sobre la incidencia de los malos tratos. Morales había ingresado en prisión en mayo de 1997 tras el arresto por matar a un ciudadano saharahui. En el juicio alegó que estaba afectado por el consumo de alcohol, un argumento que no convenció a los miembros del jurado popular. Su perfil estaba marcado ya por un carácter indomable, violento e impulsivo. Hoy se enfrenta a una grave acusación por otro crimen en Jerez de la Frontera.
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